Activos solo seis de los 275 millones por derechos de CO2 para industrias

La Delegación del Gobierno en Galicia aprovechó este reivindicativo fin de semana de protestas en el sector del aluminio gallego para recordar que, desde el pasado día 1 y hasta el próximo 22 de este mes, se encuentra abierta la convocatoria de concesión de subvenciones compensatorias de costes de emisiones indirectas de gases de efecto invernadero. Sin embargo, su dotación, limitada por el momento a 6 millones de euros, se queda a años luz del máximo permitido por la UE, unos 275 millones.

Mientras en la Praza de María Pita, ante el concello, protestaban los trabajadores de la antigua Alcoa herculina, hoy Alu Ibérica, y en Xove acudían a la llamada del comercio local para demandar que se eviten los 534 despidos y que se apaguen las cubas que permiten fabricar aluminio primario en nuestro país, recordaba el organismo que comanda Javier Losada que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo convocó las ayudas vinculadas al Real Decreto 1055/2014, de 12 de diciembre, que creaba un mecanismo de compensación de costes de emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, correspondientes a 2019.

El caso es que Bruselas permite que el 25 % de lo recaudado en los derechos de emisión, 1.240 millones, el año pasado, se destinen a compensar a las empresas electrointensivas. Industria se comprometió a alcanzar esos 275 millones, pero las compañías siguen a la espera. De hecho, el sector instaba a que se recogiese en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética ese porcentaje que avala la UE.

Tampoco se sabe nada de la subasta de interrumpibilidad del segundo semestre. Una fórmula que pagamos los consumidores en nuestra factura mensual, y que cayó de los 525 millones de 2017 a 316 en 2018, alrededor de 196 el pasado ejercicio y que de enero a junio de este año se limitó a 4,4 millones.

Este caldo de cultivo, más el Estatuto para los consumidores electrointensivos que se aguardaba para el año pasado y sigue sin estar listo condena no sólo al aluminio, también al resto de la metalurgia y a las ferroaleaciones que se elaboran en España y Galicia. Por ello, el conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, pedía desde Ferrol “rigor y compromiso” al Gobierno central para ofrecer una “solución” a la amenazada de cierre fábrica de Alcoa en San Cibrao y muchas otras.

En declaraciones ante los medios el sábado, Conde aseguraba que “tan solo la voluntad política del Gobierno puede permitir una solución a las cinco mil familias que dependen de la industria” electrointensiva y a las “700 que de forma directa e indirecta” están afectadas por la decisión de la multinacional estadounidense Alcoa de acabar con la producción de aluminio primario en Cervo.

DEMANDAS. Desde la Xunta de Galicia solicitan al Ejecutivo de Pedro Sánchez que “responda de forma concreta a las alegaciones presentadas por Galicia” sobre este asunto y que “traslade” a la comunidad el contenido del borrador del Estatuto para las electrointensivas “para evaluar si este estatuto permite dar una respuesta en términos de precio competitivo a Alcoa San Cibrao”.

A renglón seguido, el titular del departamento de Economía solicitaba que se concrete “la convocatoria de la segunda subasta de este año, que puede permitir obtener los ingresos precisos para Alcoa y el resto de empresas”.

También consideró que debe conocerse y determinarse la dotación para las compensaciones de CO2, dada la diferencia de cerca de 269 millones entre el máximo que permitiría la UE y la exigua dotación de 6 millones que se ha habilitado.

Esta serie de peticiones son las que la Xunta trasladará el Gobierno en la reunión multilateral a celebrar el martes entre estas dos administraciones con los representantes de los trabajadores y también con la compañía.

RIGOR. Para el conselleiro, el rigor del Ejecutivo debe dar respuesta a las alegaciones presentadas y el “compromiso” del mismo tiene que ser con “las familias” que se sustentan en esta “industria básica electrointensiva que es una de las empresas claves del tejido productivo”.

PLANTA DE AGRELA. Ante la alcaldesa socialista Inés Rey, por el BNG Xosé Luís Rivas o Pancho Casal por En Marea unas doscientas personas se concentraban ayer en la manifestación organizada por el comité de empresa de Alu Ibérica A Coruña en la Praza de María Pita, donde con sus camisetas naranjas realizaron un mural humano formando la palabra “intervención” para exigir la actuación del Ministerio de Industria, pues califican su proceso como “el proyecto Maroto”, en alusión a la titular de esta cartera.

Juan Carlos López Corbacho, presidente del comité, recordaba que el jueves se celebra la Mesa Técnica con el Ministerio para abordar la situación de la factoría, que en menos de un año pasó de Alcoa a Parter y de éste al Grupo Riesgo, sin cumplir los acuerdos de inversiones.