Agustín Hernández carga contra el desprecio histórico de Audasa con usuarios y territorio

El presidente del Consello Económico e Social (CES) de Galicia, Agustín Hernández, volvió a cargar contra Audasa, empresa concesionaria de la AP-9, porque “siempre demostró un desprecio clarísimo a los ciudadanos y al territorio”. En una entrevista concedida este domingo a RNE, recogida por Europa Press, se reafirmó en las críticas vertidas hacia esta compañía ya en anteriores etapas de su vida pública, tanto como alcalde de Santiago como conselleiro de Infraestruturas de la Xunta.

Reiteró que Audasa, “independientemente del momento histórico” de la empresa en cuanto a su titularidad privada o pública, “siempre demostró un desprecio clarísimo a los ciudadanos y al territorio, que en definitiva es pieza clave” de su negocio. Está convencido de que si la Xunta finalmente se hace con la propiedad de la AP-9 –hay una ley en tramitación en el Congreso–, la Administración gallega ejercerá sus competencias sobre la autopista “con mayor ajuste a la realidad”.

Hernández también abordó la crisis industrial de Galicia, causada por factores como la transición energética y la subida del precio de las materias primas y de la energía. No en vano, abogó por “incrementar el peso del sector industrial” en la economía gallega del 15 % actual del PIB hasta “al menos el 20 %”. Asimismo, reclamó a las administraciones un incremento en inversión en I+D+i, “por lo menos hasta llegar al 2 %”.

Sin embargo, preguntado sobre si el CES no podría mediar en conflictos laborales de la industria, Hernández prefirió ser “respetuoso” con las competencias del Consello Galego de Relacións Laborais de la Xunta, que es “el ámbito concreto donde se deben tratar esas cuestiones”. “Creo que, además, se está haciendo con bastante eficacia, por lo menos en el ámbito de los convenios colectivos y de los arbitrajes”, explicó.

Acerca del cierre de oficinas bancarias en zonas del rural, el presidente del CES se mostró partidario de la digitalización, aunque reconoció que tiene “consecuencias” para áreas afectadas por la “brecha digital”.

“Hay que poner encima de la mesa esas cuestiones para que las administraciones y los responsables de llevar a cabo decisiones para corregir estos defectos, tomen esas decisiones”, aseveró, para seguidamente reclamar que todos los ciudadanos “estén en pie de igualdad” en materia de servicios.