Alcoa intenta aplacar las críticas y dice que aún no decidió sobre los despidos
Blanco de todas las críticas desde que el pasado domingo fracasasen las negociaciones de venta a Liberty House, la multinacional Alcoa aseguró ayer, en un intento de lavar su imagen, que, una vez finalizado el período de consultas del ERE que pretende aplicar en la planta de aluminio de San Cibrao (Lugo) sin acuerdo con el comité de empresa, “no hay ninguna decisión tomada” aún sobre el despido colectivo de 534 trabajadores del complejo mariñano.
Fuentes de la firma recordaron a Efe que “la empresa dispone de quince días para tomar una decisión”, una vez que el período de consultas ha terminado sin un acuerdo entre las partes. todo caso, la compañía, cuya aptitud fue tildada de “injusta y malintencionada” por el propio Feijóo, insiste en que siempre ha obrado de “buena fe” en el proceso de negociación para la venta de la planta, pero dentro de unos “principios razonables” y siempre “limitado” a la factoría de aluminio primario, porque la refinería “de alúmina no está en venta”.
“Las condiciones no razonables y fuera del acuerdo” alcanzado con la representación de los trabajadores “se han mantenido desde del principio por parte de GFG Alliance -Liberty House-, y las condiciones ofertadas por la SEPI eran prácticamente las mismas”, añade. Esas condiciones, insiste, “no garantizaban la viabilidad de la fábrica ni la protección de los trabajadores”, porque Alcoa estaba dispuesta a crear un fondo dotado “con 59,8 millones de euros”, pero “Liberty House no quería aportar nada”.
Además, asegura, “Alcoa estaba dispuesta a vender la planta por un euro y a asumir los costes de separación de ambas fábricas, cifrados en unos cincuenta millones de euros”. Sin embargo, “la oferta también de la SEPI exigía un ‘stock’, un almacenamiento de alúmina, para 60 días”, lo que tendría “un coste añadido” para Alcoa de unos 17 millones de euros–”.
Según la multinacional, “el coste de la energía eléctrica en España hace inviable la producción de aluminio primario”, porque el país carece “de un marco energético estable y competitivo”, que “Alcoa lleva años reclamando”, dado que la factura energética supone entre el 40 y el 45 % de los costes de producción del aluminio. Apunta, asimismo, que Alcoa es “el primer consumidor unitario de energía eléctrica de España”, dado que consume “el 1,5% del total en España”, lo que ha llevado a la compañía, con la actual regulación, a perder “110 millones de euros entre los años 2018 y 2019”.
En estos momentos, asegura, “las perdidas continúan”, a razón de “un millón de euros a la semana”.
Pero ni los trabajadores ni las administraciones central, gallega y locales, siguen viendo buena fe en Alcoa. La alcaldesa de Viveiro, la socialista María Loureiro, hizo ayer pública una declaración en la que asegura que la multinacional “no quiere la producción de aluminio primario en España”, sino que “quiere llevarlo a otros países”, cuestión que, a su juicio, explicaría la “mala fe” de la firma y que a esta “no le valga nada” dentro del proceso negociador de venta a Liberty.
Incansables en su lucha desde hace meses, los trabajadores han fijado como objetivo de la huelga indefinida convocada a partir del próximo domingo que no salga “ni una gota de aluminio de la fábrica”. El comité de empresa instaló sendas carpas a las puertas de las instalaciones y avisó de que permanecerán ahí “las 24 horas del día”, con representantes también de las empresas auxiliares.
Los trabajadores pretenden que la huelga afecte a la salida del producto pero que ni las cubas de electrolisis ni la otra planta paren, para lo que su intención es reducir el personal de la factoría y que “lo que se produce no sale”. “Si les vale, bien, y si no también”, advirtió José Antonio Zan, presidente del comité. “El objetivo es ir contra Alcoa, evitar que saque el dinero de nuestra fábrica”, incidió