Alerta en la patronal gallega por el impacto en empresas tras subir la luz más del 45 %

Vieites, de la CEG, ve en los tramos de coste reducido o valle “una trampa” // Las industrias con un alto consumo de energía instan a La Moncloa aportar el tope de compensación por CO2 // Comparan los 878 millones de ayudas en Alemania y 350 de Francia con sólo 79 en España
Tarifa eléctrica
José Calviño
Una de las chimeneas y torretas de energía de alta tensión de la fábrica de Alcoa San Cibrao en Cervo, Lugo, la empresa que más electricidad consume de Galicia. Foto: Efe/Eliseo Trigo

El altísimo coste de la energía se está convirtiendo en un auténtico veneno contra la recuperación económica postpandemia. Así lo entiende la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), que además considera “una trampa” para las empresas los ‘tramos valle’ diseñados por el Gobierno central para el consumo eléctrico, ya que estas, sostienen, no pueden decidir en la gran mayoría de los casos en qué momento consumir más o menos electricidad.

Por medio de un comunicado la patronal autonómica instaba este sábado al Ejecutivo estatal a que adopte, de una vez por todas y de forma rauda y efectiva, medidas para afrontar cuanto antes el “elevado” precio de la electricidad. Además, insiste en la necesidad de “reducir” los impuestos que gravan la electricidad. “Suponen un porcentaje elevadísimo de la factura”, explica la confederación en su nota de prensa.

La CEG recuerda que en los últimos doce meses “el precio del kilovatio por hora se ha incrementado más de un 45 %”. Los empresarios critican que las tarifas y tramos que se presentan como una oportunidad de ahorro suponen “una trampa para las empresas”, porque “las penalizaciones de precios en determinados horarios perjudican gravemente” a las compañías, incapaces de adaptar sus procesos productivos.

Otra de las demandas de la confederación es “un marco estable y que (el Gobierno) ofrezca seguridad jurídica a las firmas y a los profesionales”. “El modelo de fiscalidad, el precio de la energía y las cargas burocráticas son elementos que condicionan notablemente la viabilidad de las empresas ya instaladas y su competitividad, así como también las nuevas iniciativas empresariales que pudieran llegar”, añade la CEG.

El presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites, pide a La Moncloa que “ayude” a las empresas “para activar la economía y el empleo”. “Ahora que empezamos tímidamente a ver la luz y a dejar atrás la pandemia, necesitamos ayudar a las empresas limitando la carga impositiva que soportan y ofreciéndole ayudas directas”, afirma Vieites.

Para el titular de la patronal gallega “es un error incrementar el precio de producción o de los productos, poniendo en desventaja a nuestras empresas respecto a las establecidas en países de nuestro entorno”.

La Confederación de Empresarios de Galicia defiende que es el momento de “asistir” a las empresas para que puedan superar la crisis. Vieites cree que solo así estas podrán adaptarse y transformarse a “los nuevos requerimientos y exigencias del mercado y de la sociedad”.

Electrointensivas. La Asociación de empresas con gran consumo de energía (AEGE) reclamó certidumbre en las ayudas del Gobierno para compensar del CO2 indirecto, el recargo en la factura eléctrica por los derechos de las emisiones que internalizan los generadores térmicos (carbón y gas natural) en sus ofertas al mercado eléctrico.

La estimación actual del precio eléctrico final para la industria electrointensiva en 2021 es de 77 euros/MWh, más del doble que el precio francés, lo que supone un sobrecoste en el consumo eléctrico con respecto a la competencia de más de 1.000 millones de euros.

La compensación del CO2 indirecto el año pasado a cuenta del ejercicio 2019 fue de 61 millones de euros, frente a los 266 millones repartidos por el Gobierno francés y los 546 millones del alemán. Este apoyo del Ejecutivo español no llegó al 5 % de los ingresos de las subastas de los derechos de emisión –1.225 millones– cuando la normativa comunitaria permite dedicar el 25 %.

Para AEGE “esta discriminación vuelve a repetirse en 2021”, pues la compensación por estos sobrecostes se limitaría a 79 millones, frente a los 350 galos y 878 germanos, cuando podrían alcanzar los 350.