Aluminio al rojo vivo: la jueza ordena intervenir las plantas de Alu Ibérica
Un lapidario auto de la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón decreta la intervención de la empresa por constatarse “diversas irregularidades en la venta”. Ante la resolución, división de opiniones: la celebraban los comités de empresa, que pedían al Gobierno central que tome nota y siga el ejemplo; la estudiaban los actuales propietarios del Grupo Riesgo, que no salen nada bien parados –tampoco el Grupo Parter– en el auto del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid.
El caso es que se plantea, negro sobre blanco, que la reventa por sorpresa de las factorías de A Coruña y Avilés del fondo Parter Capital Group en abril de 2020 a Riesgo fue, presuntamente, una operación para desangrar las instalaciones, quedándose con todo lo el capital posible, con todo lo que tuviese valor,
desviando posteriormente esos fondos hacia las cuentas de sus propietarios.
No se trata, por tanto, de una invención sindical. Es el fruto de una investigación que lleva meses en marcha. De hecho, hace dos la UDEF registraba las dos plantas, las oficinas de Alcoa, de Parter y de Riesgo, a instancias de la jueza y de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. Cuatro personas fueron detenidas y quedaron en libertad con medidas cautelares: Víctor Domenech, presidente de Riesgo; su socia Alexandra Camacho; Diego Peris, administrador único del grupo; y Luis Losada Gómez, su homólogo en System Capital, que es era sociedad administradora de Alu Ibérica.
La jueza apunta en su escrito a la sociedad Blue Motion Technologies, instrumental articulada para gestionar las factorías tras la operación de compra a Alcoa. Sorprendente, y de ahí la mayor implicación en la trama de Parter, es que el auto recoge que los 13 millones abonados por Riesgo por las fábricas herculina y asturiana salieron de ellas mismas, de fondos por préstamos que estas factorías concedieron a instancias del fondo suizo previamente a la reventa.
Tras conocerse la resolución judicial, fuentes próximas a la directiva de Alu Ibérica manifestaban a Efe que la empresa está estudiándola. Por su parte, el presidente del comité de empresa de Alu Ibérica A Coruña, Juan Carlos López Corbacho, valoró “con alegría” la iniciativa y avanzó que pedirán que el administrador “retrotraiga las decisiones tomadas por empleadores anteriores”, es decir, que revierta su despido, el de otros tres representantes sindicales y una empleada.
“No podíamos seguir con la gestión que se estaba llevando. Esperamos que se pongan en buen amparo los intereses de los trabajadores y el futuro industrial de las plantas”, destacaba Corbacho.
El juzgado decretó la intervención judicial de Alu Ibérica como medida cautelar por seis meses prorrogables por periodos de otro tanto. En la resolución judicial se destaca que solicitud del Ministerio Fiscal el 12 de marzo de adopción de medidas cautelares requeridas por los querellantes –la Confederación de Cuadros y Profesionales– es “adecuada y proporcionada”.
De este modo, el juez instructor establece que los hechos revelan “en forma indiciaria” la presunta comisión de delitos de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, contra la seguridad de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal, así como fraude en las subvenciones y el consiguiente blanqueo de los ilícitos capitales detraídos sin perjuicio de ulterior calificación.
Además, el juzgado ha designado como administradores judiciales a funcionarios de la Intervención General de la Administración del Estado y de la Intervención General de la Seguridad Social. Se solicita de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) la colaboración precisa para proceder a la intervención, tanto en lo que se refiere al número de interventores como a la determinación individual de los funcionarios de esa Institución sobre los que deba recaer el nombramiento.
Cabe recordar que la Abogacía del Estado se personó la semana pasada en esta causa.