Arranca la huelga del transporte, con escaso seguimiento en Galicia

El sector gallego considera que las cargadoras están cumpliendo con los acuerdos logrados en marzo sobre combustible y descanso
Antonella Santos
polígono das gándaras. Una de las protestas de marzo de 2022. Foto: Carlos Castro

Con el Black Friday a la vuelta de la esquina y a una semana de que el encendido navideño de Vigo dé inicio por todo lo alto a la Navidad gallega, el sector del transporte por carretera se pone en huelga. Al igual que en el mes de marzo, es la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías, que agrupa a autónomos y pequeños empresarios (y minoritaria dentro del sector) la que convoca el paro.

Hoy lunes es el primer día de huelga oficial en todo el territorio español, pero afortunadamente, las grandes asociaciones gallegas no han querido sumarse a las manifestaciones. Consideran, en conversaciones con este periódico, que efectivamente todavía queda mucho por mejorar dentro del sector, pero que después de los acuerdos conseguidos hace unos meses, las condiciones de trabajo han mejorado mucho.

La mayor parte de las cargadoras respetan ahora los acuerdos en la descarga, poniendo a personal capacitado y formado para manejar los elevadores u otras herramientas de descarga. Además, también revisan los pagos en función del volátil precio del combustible. Por todo ello, los transportistas gallegos creen que no es momento de hacer huelga, pues sería injusto para estas compañías que sí han cumplido con su parte del acuerdo.

Sin embargo, para el presidente de la Plataforma –que no está integrada en el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC)–, Manuel Hernández, los acuerdos firmados no se están cumpliendo, por lo que piden al Gobierno que exija que se respeten. Así, denuncian la pasividad del Ejecutivo de Sánchez y piden que se haga valer la prohibición de contratar sus servicios por debajo de sus costes y que, por tanto, los transportistas no trabajen a pérdidas, entre otras cuestiones.

Asimismo, piden ayudas directas al sector, que se mantenga la bonificación de los 20 céntimos por litro de combustible repostado, la limitación a una hora de los tiempos de espera en zonas de carga y descarga y el refuerzo de las inspecciones.

Por su parte, y al igual que también avalan los transportistas gallegos, el Gobierno defiende que la situación actual no es la misma que la de hace ocho meses y que, con la normativa aprobada, la situación de los transportistas ha mejorado sobremanera.

Por ello, el pasado jueves, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, señaló que “esto no es una huelga, es un paro patronal” y que, cuando se inicie, el objetivo del Gobierno será garantizar la actividad de los transportistas que deseen trabajar. “Este paro no va a beneficiar a nadie, más bien al contrario”, defendía la ministra.

Por lo pronto, el Galicia, en línea con poder proteger la integridad de aquellos profesionales que decidan trabajar hoy –la mayoría en nuestra comunidad–, la subdelegación del Gobierno ya ha puesto patrullas en puertos y accesos por carretera a grandes supermercados, por si hubiese piquetes que quisiesen boicotear la llegada de mercancías a destino.

Desde el Ministerio de Transportes, además, aseguran que, hasta ahora, no han recibido ninguna denuncia formal sobre precios que no cubran los costes, solo 88 denuncias anónimas con información insuficiente para poner sanciones. A pesar de ello, se han realizado algunas inspecciones con los indicios apuntados y, por otro lado, hay 300 expedientes en tramitación por morosidad en el pago. En esta línea, Transportes recuerda que este noviembre se presentará un nuevo Plan de Inspección para 2023.

Con este panorama por delante, el propio Comité Nacional del Transporte por Carretera mostró su negativa a secundar el paro, añadiendo que la plataforma convocante está basando sus negociaciones en una coacción “que le permita ejercer respecto de las empresas y profesionales que, mayoritariamente, desean trabajar”, sin tener en cuenta sus opiniones.

Y recordó el valor de su acuerdo con el Gobierno, que incluye ahora la prohibición de la participación del conductor en las labores de carga y descarga, la indexación del precio del combustible, la reducción de tiempos de espera o la prohibición de trabajar por debajo de costes.