Consenso entre los economistas: subir los impuestos ahora daña la recuperación

En Bruselas ya conocen los planes fiscales de Moncloa para los próximos años y no pasan, en contra de la opinión del consenso o gran mayoría de los economistas –gallegos, españoles y de los principales socios europeos, EE.UU. o Reino Unido–, por bajar los impuestos. Al contrario. Tanto la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como la vicepresidenta segunda y titular de Asuntos Económicos, Nadia Calviño reconocieron que el objetivo es elevar la recaudación y acercar la presión tributaria de España a la media europea. Toca recortar entre siete y ocho puntos del PIB... y eso supera los 78.000 millones de €/año.

Pretenden empezar a hacerlo ya en 2022, algo que choca, por ejemplo, con la valoración de los profesionales de los números gallegos, pues en su último y reciente Barómetro de Economía tan sólo nueve de cada cien apostaban por la subida impositiva. Los otros 91 la rechazaban, con un 25 % apostando por mantenerlos como hasta ahora, y dos terceras partes, el 66 %, convencidos de que hay que bajarlos. Porque hace falta gasolina para impulsar la inversión, el empleo y el crecimiento. Mayores gravámenes dañan al recuperación.

No sólo en la consulta periódica del Consello Galego de Economistas los miembros de los colegios de las cuatro provincias muestran este perecer. Desde el Consejo General de Economistas estatal defienden que las administraciones sorteen la caída de los ingresos con la contención del gasto, evitando aumentar los ingresos vía impuestos, pues en la coyuntura de crisis actual podrían producir un efecto contrario: disminuir la recaudación. Instan a tomar medidas contracíclicas como las emprendidas por la mayoría de países de la UE, que de momento no consideran elevarlos impuestos en sus programas de salida de la crisis.

¿De qué medidas estamos hablando? Pues de un mix de subidas en el IRPF y en el de sociedades, la homogenización en los de patrimonio y sucesiones, la supresión de hasta trece incentivos fiscales y un castigo a quienes deben usar el automóvil, elevando tanto los gravámenes de matriculación y circulación para los más contaminantes, y recuperando el dieselazo, tasas que buscaba equiparar el precio del gasóleo –más barato– con el de la gasolina y que se frenó para lograr que Pedro Sánchez lograse apoyos para resultar investido presidente del Gobierno.

En el presente ejercicio ya abonamos más tras el impuesto a los plásticos, además del que recarga las bebidas azucaradas. También está vigente la subida del IRPF en tres puntos para rentas del capital de 200.000 euros, y de dos puntos en las del trabajo por encima de 300.000 euros anuales. Se elevó el de patrimonio para las fortunas de más de 10 millones, y se fijó una tributación mínima a las socimi –sociedades de inversión en ladrillo– del 15 %. También se instauraron la tasa Google a los princiaples actores digitales y la tasa Tobin para las transacciones financieras. Pero vienen más.

Hasta donde se conoce se van a castigar fiscalmente las herencias en vida, fórmula que se había puesto de moda para evitar los recargos del impuesto de sucesiones, llamado a nuevas subidas junto al de patrimonio, aunque Nadia Calviño señalase que podrán aguardar hasta 2023. Vendrían de la armonización tributaria que se le has puesto como menú a los a los 17 expertos que llamados a aportar en la reforma del sistema tributario, paso al que seguirá la revisión de la financiación autonómica y local.

Conformado por catedráticos y profesores de Economía y Derecho Financiero y Tributario entre los que se encuentran de la Uvigo Santiago Lago y Xavier Labandeira, este comité de sabios tendrá hasta el 28 de febrero de 2022 para presentar su hoja de ruta. Por el camino, eso sí, podrá haber ajustes puntuales.

Los ejes de AIReF. Sobre la reducción de beneficios fiscales se sigue al dictado un documento de AIReF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que pone a 13 en concreto en peligro de extinción. Suponen más de 34.000 millones que se dejan de recaudar al año y van de los tipos reducidos de IVA a la exención de este tributo en sanidad y educación, reducciones en el diésel o del IRPF por alquiler de viviendas.

Ahí se encuentra, también, la eliminación de la tributación conjunta que se tuvo que desmentir antes del 4-M.