Contraataque jurídico para impedir que la ley climática amenace a 37.000 empleos
“Desde la Xunta de Galicia solicitamos la retirada de los artículos 18.3 y 18.4 del proyecto de Ley de cambio climático, ya que con su actual redacción afectará a la seguridad jurídica de todas las industrias ubicadas en la costa gallega. Y podrá llegar a suponer la pérdida de 37.000 puestos de trabajo y de 10.000 millones de euros”, concluyen las conselleiras de Medio Ambiente y Mar en una carta remitida a la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, que ayer se reunió con el comité de empresa de Ence en Lourizán, Pontevedra.
Justo también en la jornada en la que la Xunta le trasladó al Gobierno central el informe, elaborado por la Asesoría Xurídica Xeral, sobre la Ley de cambio climático, que concluye que el artículo 18.4 es “frontalmente inconstitucional”, además de determinar que este apartado de la norma y el 18.3 son “contrarios a la seguridad jurídica” del tejido productivo ubicado en el dominio público marítimo terrestre (DPMT).
Tal y como explican, la redacción propuesta por el Ministerio del artículo 18.4 solo podría aplicarse a las concesiones anteriores a la Ley 2/2013, ya que el artículo 66 de la Ley de costas regularía a las que se concedieron después de esa fecha y por lo tanto la duración, de concesión y prórroga, no podrá superar los 75 años. Indican además que es contrario al artículo 33.3 de la Constitución y que afectaría a los derechos integrados de los afectados, pues se verían privados anticipadamente de una concesión adquirida sin la correspondiente indemnización.
Mientras, en la nueva carta firmada por las conselleiras Ángeles Vázquez y Rosa Quintana a la ministra Ribera le recuerdan que la Xunta se mostró contraria a la modificación urgente del reglamento de la Ley de costas, con la que se pretendía limitar la duración de la prórroga extraordinaria de las concesiones en el DPMT, fijando la vigencia en 75 años a contabilizar desde el momento de la concesión inicial.
Tal y como se argumentó en su momento, lo único que fundamentaba esa regulación era un informe jurídico que no tenía en cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2015, en la que se indicaba que no se podía negar al legislador de costas su margen de configuración de la duración de la prórroga extraordinaria y que no se estaba realizando una transcripción correcta del Dictamen del Consejo del Estado sobre el reglamento. Estas razones fueron aceptadas por el Ministerio, que suspendió la tramitación de la modificación reglamentaria, evitando de este modo cambios en los títulos de ocupación.
Por otra parte, la Xunta garantiza que la caldera de Ence “cumple favorablemente con su cometido” en un control ambiental “total”. Así lo aseguró en su última comparecencia ante el Parlamento la secretaria xeral técnica de de Medio Ambiente, Carmen Bouso, que aseguró que el Ejecutivo gallego hace un “riguroso” control del cumplimiento de las condiciones medioambientales en la planta de Lourizán, de manera que las auditorías realizadas en los últimos años muestran que el cumplimiento por parte de la empresa “es total”.
Bouso señaló que los últimos informes, de diciembre de 2020 y febrero de 2021, apuntan que la planta y caldera “cumplen favorablemente su cometido”. Tras recordar que fue el bipartito el que dio luz verde a la declaración de impacto ambiental de Ence, remarcó que las inspecciones se realizan con “datos objetivos fundamentados” y se llevan acabo por funcionarios “imparciales” que “señalan” que la pastera “cumple medioambientalmente”.
Esta alto cargo del Gobierno gallego defiende que Ence tiene una concesión y una prórroga de ocupación extraordinaria “absolutamente legal”, lo cual la Xunta seguirá defendiendo, puesto que “es defender la posibilidad de que continúen todas las industrias de la cadena mar-industria en la costa”.