Crisis industrial: tan sólo el ‘off’ de Ence restaría al PIB gallego 450 millones al año

A punto de pagar 200 euros por megavatio hora por la factura eléctrica en el mercado mayorista, cuatro veces más que hace un año, a pocos puede extrañar que las industrias electrointensivas, cuya supervivencia depende del precio de la la luz, gas o el diésel, tengan la espada de Damocles amenazando con cortar sus cabezas. Es un hecho. Pero algunas, como el grupo energético y de celulosa Ence, están en peligro de extinción por otros motivos.

El vicepresidente segundo y conselleiro de Economía, Francisco Conde, lamentó esta este miércoles en el Parlamento gallego que Gobierno central y Concello de Pontevedra no estén asumiendo su responsabilidad de buscar una solución para los trabajadores de Ence. Desde la Xunta, aseguró Conde, “seguiremos colaborando en la búsqueda de una alternativa desde la legalidad para que Ence permanezca en Lourizán”.

En este sentido, recordó que el Ejecutivo autonómico ya se comprometió el pasado lunes a apoyar la propuesta trasladada por los trabajadores de que la fábrica en Lourizán pase a formar parte del suelo de la Autoridad Portuaria de Marín, una vez que la empresa dejó bien claro que no existe una localización alternativa posible. Así, esta propuesta se trasladará al Consello Consultivo para que informe sobre esta cuestión y, a continuación, comunicar el resultado del mismo al Gobierno para que contemple esta posibilidad y pueda ser evaluada en la próxima mesa sobre el futuro de Ence.

De la continuidad de la fábrica en la localización actual dependen más de 5.000 empleos directos e indirectos, más de 1.800 pymes y autónomos proveedores de madera y más de 450 millones de euros en aportaciones al PIB gallego, lo cual no es una nimiedad, son cerca de ocho décimas del crecimiento anual de la comunidad autónoma.

Por este motivo, Conde reiteró que la Xunta seguirá a un lado tanto de la industria gallega como de las familias ya que no hay razón que justifique una transición ecológica sin industria y sin empleo para Galicia. Porque tampoco Alcoa San Cibrao, en Cervo, A Mariña lucense, pasa, a pesar del récord de precios internacional del aluminio, el mayor en una década.

Más allá de Lourizán y la pasta de papel, Conde, acusó al Gobierno de estar “cerrando empresas en Galicia” por su política energética y reclamó al PSdeG que no siga siendo su “portavoz” en la comunidad y defienda los intereses de los trabajadores gallegos.

La diputada socialista Paloma Castro recriminó los “continuos bandazos” de la Xunta respecto a Ence y que se ponga del lado de la empresa, que actúa de manera “intransigente e inaceptable” respecto a su traslado a otra ubicación, algo que es “de sentido común” que se puede hacer.

Para Conde es el Gobierno central el que no asume su responsabilidad a este respecto y no solo no ejerce ningún “liderazgo” sino que “miente”, al igual que sobre la venta de Alcoa en San Cibrao (Lugo) o el cierre de Vestas en Viveiro. Con el Bloque también tuvo sus más y sus menos, argumentando que tanto la líder del BNG, Ana Pontón, como desde el concello pontevedrés que comanda Miguel Anxo Fernández Lores, no atienden y han dejado abandonados a los trabajadores de la pastera, mientras la oposición indicaba que las competencias sobre industria son autonómicas.