Desesperante espera por el ‘maná’ europeo para lanzar la recuperación

Aunque todavía hoy se discute la fecha exacta de la aparición de los primeros casos de coronavirus en China –hay quien dice que el Gobierno del gigante asiático llevaba meses encubriéndolos–, a finales de 2019 la COVID ya era pública y notoria.

La rápida transmisión de la enfermedad hizo que nada más cambiar el ejercicio empezasen a asomar los primeros brotes en otros puntos del mundo, que en la UE se iniciaron por Italia, y poco más tarde, a principios de marzo, se extendían ya con fuerza también por todo el territorio español.

El virus circulaba, y aún lo hace, a velocidad de vértigo. Un ritmo que contrasta con el de la lenta maquinaria de la UE, que desde que aprobó el paquete de ayudas de 750.000 millones para impulsar la recuperación –el 27 de mayo de 2020–, hasta que empiece a pagar los primeros adelantos, dejará transcurrir más de un año en el que la economía no levanta cabeza a nivel global, arrastrando también de rebote a Galicia.

Un calendario ya de por sí desesperante que desde el pasado viernes se complica todavía más tras la decisión del Constitucional alemán de paralizar la aprobación de los fondos de recuperación de toda la UE , que a buen seguro, retrasará unas semanas más su puesta en marcha, prevista para inicios del verano.

El Gobierno, como informó el pasado jueves la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, enviará a Bruselas “en dos semanas” su plan para captar los fondos de ayuda. Un documento en el que Galicia aspira a ver reflejados 354 proyectos “maduros y viables”, que conllevarían una inversión cercana a 20.000 millones.

Y el nuestro será de los primeros en cumplir, porque otros países lo harán bastante más tarde. El límite para que los estados presenten los planes definitivos se extiende hasta el 30 de abril y la UE, tal y como informaba recientemente El Pais, teme que un buen grupo acumule retrasos en la confección de sus programas nacionales poniendo en peligro el calendario.

Las meticulosas exigencias de Bruselas, que quiere conocer al detalle de las inversiones y reformas, supone que el proceso sea difícil y laborioso. Fuentes diplomáticas definieron como “draconianas” las demandas europeas en algunos componentes de los planes y lamentan que publicara las últimas orientaciones hace tan solo un mes.

Con este panorama, si la Justicia lo permite, acelerar la puesta en marcha del fondo para no volver a perder fuelle respecto a Estados Unidos y China es uno de los retos que está sobre la mesa de los líderes europeos, unido a imprimir velocidad a la campaña de inmunización.

La propia Montero destacó que el Gobierno tiene claro que junto a la lucha contra la pandemia la prioridad es acelerar la puesta en marcha del plan de recuperación. “La cifra habla por sí sola. Son 70.000 millones para ejecutar en los próximos tres años. No da igual cuando seamos capaces de inyectar este dinero a nuestra economía. Si vamos tarde no llegaremos” a los objetivos marcados, defendió, argumentando que “de ahí la urgencia de que la ejecución de los fondos europeos sea rápida y bien hecha”.

Cronograma. Una vez recibidos los programas estatales, Bruselas aún tendrá otros dos meses para darles luz verde. Tras ello, los socios del club comunitario deberán ratificarlos en un máximo de cuatro semanas. Y será en ese momento cuando los países podrán recibir un adelanto.

Una vez completados estos pasos, en lo que resta de año y 2022 se deben comprometer el 70% de las transferencias no reembolsables concedidas por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Los fondos Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-EU) deberán ser ejecutados en estos dos años. El 30% restante del MRR se compromete enteramente a finales de 2023. La fecha límite para efectuar los pagos correspondientes se va al 31 de diciembre de 2026. La CE comprobará que los planes se cumplan debidamente.

¿Qué está haciendo cada Estado? A la espera de que ese maná de 750.000 millones empiece a caer, los países europeos articularon diferentes respuestas para amortiguar el golpe del virus.

España, entre sus últimas medidas, dio luz verde, casi un año después de la irrupción de la pandemia, a un fondo de 7.000 millones de ayudas directas para autónomos y empresas, de los que a Galicia apenas le tocarán 234, lejos de los 340 que reclama la Xunta. La comunidad gallega, que representa el 5,7% de la población, se queda solo con el 3,3% de las ayudas.

A nivel autonómico, el Ejecutivo presidido por Alberto Núñez Feijóo apostó antes que el Gobierno central por inyectar dinero directamente en vena de los negocios con dos planes de rescate para las actividades más castigadas por la crisis a los que destinó más de 160 millones y ya trabaja el diseño de un tercero.

Levantando la vista hacia el exterior se encuentran estímulos muy variados. En Italia, por ejemplo, bares, restaurantes, discotecas u operadores turísticos pueden recibir hasta el 30 % de sus pérdidas y los hogares pueden optar a un bono canguro. Igualmente hay incentivos para sustituir los viejos coches de combustión por otros eléctricos o congelar los préstamos para primera vivienda.

Alemania echará mano de su recurso a la deuda por unos 300.000 millones para financiar programas de subvenciones directas a empresas y autónomos u ofrecer garantías crediticias, mientras que Francia tratará de salvaguardar su economía con un plan de 100.000 millones que apuesta por la transición ecológica, la competitividad y la innovación.