El Gobierno autonómico tilda de “inabordables” los criterios de la pauta estatal de residuos peligrosos

críticas. La Xunta cargó este domingo contra el proyecto de Ley Básica estatal sobre residuos peligrosos que promueven desde el Gobierno central. Tildando de “inabordables” los criterios, obligaciones y plazos de la misma para los ayuntamientos gallegos, el Ejecutivo autonómico afirmó que cumplir la norma supondrá dificultades”, tanto por los costes como por los “restos técnicos y materiales” y se dirigió a la Fegamp para que “valore” dichos argumentos.

En concreto, la ley obliga a los municipios a contar con un sistema de recogida selectiva de aquellos residuos domésticos considerados peligrosos antes del 31 de diciembre de 2024 con el objetivo de que “no contaminen otros flujos de competencia municipal”.

Así, el Gobierno autonómico asegura en un comunicado que ha advertido a la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) sobre las condiciones de este proyecto de ley a través de una carta de la directora xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, Sagrario Pérez, remitida al presidente de la Fegamp, Alberto Varela.

A este respecto, la Consellería ha propuesto elaborar un plan de acción mediante el cual sean los productores los que asuman los costes derivados de esta nueva obligación.

RETIRADA DE AMIANTO. Por otro lado, el Gobierno gallego se ha mostrado “preocupado” por la disposición que advierte de que, antes del 1 de enero de 2023, los ayuntamientos deben elaborar un censo público en el que figuren todos los emplazamientos con amianto, así como un calendario para su retirada.

La Consellería considera que cumplir ambas condiciones dentro del período de tiempo establecido por la norma supondrá “dificultades”, tanto por los costes como por los “retos técnicos y materiales” y se dirige a la Fegamp para que “valore” sus argumentos. ecg