El principal condenado por el ‘caso cuñada’ solicita que le indulten

El exfuncionario del Ayuntamiento de Vigo condenado por el ‘enchufe’ de una cuñada de Carmela Silva en una concesionaria municipal solicitó el indulto parcial tras ser condenado a 5 años y 3 meses de cárcel por los delitos de prevaricación y malversación. Asimismo, pide la suspensión de la ejecución de la pena prisión en tanto no se resuelva la solicitud.

Francisco Javier G.O. fue condenado por la Audiencia Provincial de Pontevedra por haber favorecido la contratación de la familiar de Silva, a través de varios contratos menores, en una empresa que prestaba servicios para el Ayuntamiento. El tribunal, que también condenó a un responsable de dicha empresa, consideró probado que la cuñada de Silva percibió más de 100.000 euros por unos trabajos que no realizó. El representante legal del condenado, que pidió la jubilación voluntaria tras la sentencia (ya declarada firme por el Tribunal Supremo) y se trasladó a vivir a Cantabria, expone para respaldar su petición de indulto que F. Javier G.O. es “un delincuente primario”, que no tiene antecedentes ni posibilidad de reincidir.

En el escrito remitido al Ministerio de Justicia, se hace un relato pormenorizado de los méritos que justificarían la medida de gracia. Así, se recuerda que el funcionario jubilado dedicó la “práctica totalidad” de su vida a defender los derechos de los trabajadores, que es afiliado a la UGT y al PSOE, o que se formó profesionalmente para progresar dentro de la administración municipal, obteniendo “con gran esfuerzo” el título de Graduado Social.

En la misma línea, se utiliza como argumento en favor del indulto su edad (65 años), su trasladado a Cantabria y el hecho de que ya pagó al Ayuntamiento los algo más de 54.000 euros que debía abonar como indemnización.

Además de su “trayectoria intachable”, también se pone de manifiesto que “se muestra tremendamente arrepentido” y que “nunca se lucró personalmente” por los hechos por los que fue condenado. “El ingreso en prisión de Francisco no serviría en absoluto para su reinserción o rehabilitación”, se indica.

Así las cosas, y dado que la petición de indulto no se resolvió, su representante solicitó que suspenda la ejecución de la pena de prisión. En ese sentido, recuerda que, si no se suspende, la petición del indulto quedaría sin efecto, lo que conculcaría los derechos del funcionario jubilado.