En seis meses subieron como en 13 años los costes para la construcción
El sector de la construcción necesita, como agua de mayo, un cambio normativo de alcance estatal para garantizar la viabilidad de las obras públicas impulsadas por las distintas administraciones y para proteger el empleo ante la crisis de precios y abastecimiento de los materiales de construcción. Así lo pusieron de manifiesto este lunes la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, junto al titular de la Federación Galega da Construción, Diego Vázquez Reino, y el director de la Axencia Galega de Infraestruturas, Francisco Menéndez.
La conselleira clausuró la jornada organizada por la patronal autonómica, en colaboración con su departamento, para explicarle al sector el alcance de las medidas adoptadas para blindar los contratos de las obras impulsadas por la Xunta de Galicia.
En su intervención, Ethel Vázquez destacó que el Gobierno gallego fue pionero al adoptar medidas destinadas a evitar retrasos y paralizaciones en la ejecución de las obras públicas a consecuencia de la escasez y de la escalada de precios en los materiales. Ahora, otras comunidades, como Extremadura, replican exactamente las medidas adoptadas por la Xunta.
Esas iniciativas, que están en vigor en Galicia desde el pasado 1 de enero, permiten asegurar la viabilidad de los contratos impulsados por la Xunta actualmente en curso. Permiten establecer compensaciones a las empresas adjudicatarias de las obras públicas ante el incremento exponencial del precio de los materiales. Resaltan que en la construcción los materiales se encarecieron en los primeros 6 meses de 2021 más de un 12 %, lo que representa la misma subida que entre 2007 y 2020, en trece años.
Concretó que estas medidas son de aplicación en aquellas obras en ejecución que registren una variación de precios de los materiales de, al menos, el 20 %, y causen unas pérdidas superiores al 6 % del importe de adjudicación. En estos casos es posible establecer o una “compensación” que evite la quiebra del contrato o autorizar una modificación de los materiales, promoviendo los recursos de proximidad, siempre y cuando no merme la funcionalidad de las obras.
La conselleira insistió en la necesidad de que Moncloa actúe, como Administración competente en materia de contratos públicos, para blindar todas las obras públicas. Es necesario, dijo, para evitar más casos como el que se acaba de conocer del contrato desierto que retrasará la modernización ferroviaria entre Lugo y Ourense. Ethel Vázquez recordó que están en juego inversiones en grandes infraestructuras sanitarias y la ejecución de los fondos europeos de reconstrucción.