Ence no tira la toalla y realiza una encendida defensa de la planta en Pontevedra ante sus accionistas

Colmenares vuelve a manifestar que la seguridad de la factoría es absoluta // Confía en que la Audiencia Nacional les volverá a dar la razón sobre la concesión en Lourizán // Ensalza el gran trabajo del equipo humano de la biofábrica
Ley de Cambio Climático
José Calviño
El presidente y consejero delegado de Ence, Ignacio Colmenares, durante la junta de accionistas telemática. Foto: Captura

En Ence Energía y Celulosa “hemos salido de 2020 más fuertes, más resilientes”. Así comenzó el presidente y consejero delegado de la compañía, Ignacio Colmenares, su intervención ante la junta general de accionistas, los propietarios de la misma. Enfocados en la seguridad y la liquidez. Consiguiendo que todas sus plantas de celulosa y energía estuviesen operativas. Sembrando las bases de un 2021 que se inició con buen pie, con revalorizaciones en los precios de la pasta de papel y buenas perspectivas en los de la electricidad. Pero antes incluso que abordar las cuentas y la evolución del ejercicio, el gran tema que tocó fue el de la “incertidumbre” que supone el futuro de la concesión de su fábrica en Lourizán, Pontevedra.

Sobre su continuidad, Colmenares quiso, una vez más, dejar meridianamente claro que “como sabemos, nuestra biofábrica es totalmente segura”, esgrimiendo índices que superan en hasta diez veces la media del conjunto de la industria. Los equipos, reiteró el CEO, son absolutamente seguros. Por ello el grupo goza del reconocimiento High Risk Protected de la más prestigiosa compañía de seguros norteamericana, especialista en celulosa. Ésto se logró por “las fuertes inversiones ejecutadas en esta instalación desde que se prorrogó la concesión, de 132 millones de euros” y está avalado por la certificación de Aenor que acredita el cumplimiento de la norma internacional ISO 45.001. También puso en valor el presidente que en la biofábrica cuentan con la ecoetiqueta Nordic Swan, sello de calidad ambiental y de seguridad de los países nórdicos. Además, la planta es inspeccionada periódicamente con resultados satisfactorios por organismos de control autorizado por la Administración del Estado en los diferentes ámbitos de aplicación de la reglamentación de seguridad industrial. También la Xunta, recientemente, mostró públicamente su aval por medio de acciones de inspección.

Colmenares, eso sí, que reconoció que “utilicé una expresión poco afortunada” dentro de un dialogo coloquial con el equipo de la planta, del que trascendieron de forma interesada apenas cuatro minutos “descontextualizados” y en los que no pretendía poner en duda el funcionamiento de la caldera, sino explicar las dificultades que supondría para la compañía que saliese tal y como está redactado el artículo 18.4 de la Ley de Cambio Climático, con una retroactividad que limitaría la concesión de Ence en Lourizán a, como mucho, 2033.

En dicho extracto no se reflejaba el sentido ni el significado de las citadas declaraciones, que sí quedaron adecuadamente explicadas en el conjunto de la intervención. El caso es que “la retroactividad haría imposible amortizar inversiones previstas”, señaló el presidente. Ese era el mensaje, y no el que han estado esgrimiendo “aquellos contrarios a que se mantenga la continuidad de nuestra planta en Pontevedra y los más de 5.100 empleos que genera”.

Detalló Colmenares las mejoras de eficiencia y desempeño ambiental de la planta, marcando mínimos en el consumo de agua y reduciendo, una vez más, el impacto de los olores, hasta datos con los que Lourizán “mejora los parámetros de cualquier planta en España y Europa”. Indicó que el compromiso medioambiental de Ence es “firme” y, tras aplaudir el “altísimo compromiso del equipo de Pontevedra, pese a las incertidumbres de la concesión”, mostró su convencimiento de que, como ya pasó con dos sentencias anteriores, la Audiencia Nacional aporte toda la seguridad jurídica que necesita la planta en cuanto a su implantación en Galicia, porque sobre el resto de seguridades el grupo no tienen duda. Eliminada la incertidumbre, la compañía tiene “grandes planes de crecimiento, expansión y excelencia medioambiental depositados en la biofábrica de Pontevedra”.

En el día en que Juan Luis Arregui, ex titular del grupo, dejaba el consejo, Colmenares le agradeció su contribución. Seguirá siendo presidente de honor. También salía de este órgano el gallego Carlos del Álamo, felicitado por su trabajo por el actual CEO. La junta aprobó a propuesta del consejo de administración la reelección de la lucense Rosa María García Piñeiro –que llegó a ser presidenta de Alcoa– como consejera independente; el nombramiento de Javier, Óscar y Gorka Arregui Abendivar como consejeros dominicales; la ratificación de Ignacio Comenge Sánchez-Real; y la entrada como independente de María de la Paz Robina Rosat. Se fijó en trece los puestos en el consejo.