Galicia, cauta ante la barra libre para el déficit, roza doce mil millones de deuda

Con la actualización de los datos de deuda de las Administraciones Públicas que ofrece el Banco de España amanecía ayer un miércoles llamado a ser histórico. No solo porque a nivel estatal, covid-19 mediante, en el segundo trimestre se alcanzase un máximo de 1.290.657 millones de euros, 1,29 billones, el 110 % del PIB de España. Un repunte por la pandemia del 5,4 % en tres meses. En Galicia creció menos de la mitad, un 2,4 %, sumando 284 hasta rozar los doce mil millones, 11.971. Avanzó lo mismo que sobre el dato de hace un año, cuando se adeudaban 11.685.

Cuando analizábamos estos datos, que elevaban el peso de lo que debe la administración autonómica en nombre de todos los gallegos hasta el 19,6 % del producto interior bruto (PIB) de la comunidad –son 1,3 puntos más que en idéntico periodo de 2019–, saltaba la sorpresa: la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, informaba de la suspensión de las reglas fiscales, dogma de la Unión Europea que se mantuvo inamovible incluso durante la última gran recesión económica.

Explicaba la ministra las implicaciones para las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que no estarán sujetos a unos objetivos de déficit, gasto y de deuda a la hora de elaborar sus presupuestos, pero si lo harán “teniendo en cuenta las tasas de referencia” que presentará el Gobierno a las comunidades.

¿Cuándo? Será el próximo lunes, cuando reunirá a las autónomías en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para informarles sobre esta especie de barra libre, en un encuentro entre los titulares de Hacienda y la ministra que no se celebraba desde el pasado 7 de febrero.

Desde la Consellería de Facenda indicaron ayer a este periódico que “el anuncio del Gobierno de España no supone una novedad, puesto que ya lo propusiera la Comisión Europea y lo ratificaron los ministros de Finanzas de los 27 países de la UE”.

Desde la Xunta su presidente, Alberto Núñez Feijóo, censuraba la pasada semana que el Gobierno central no hacía sus deberes, provocando el “bloqueo” de las cuentas de la Xunta. Aseguraba entonces que una vez que el Gobierno aportase los datos necesarios para elaborar los presupuestos, Galicia estaría en disposición de llevar sus Orzamentos 2021 al Parlamento autonómico en cuestión de “semanas”.

Porque, sostenían fuentes de Facenda, “más importante para Galicia en este momento es conocer las cifras y magnitudes de referencia para poder elaborar nuestros presupuestos”. Datos que “de momento desconocemos” y que podrían quedar aclarados el lunes en el CPFF.

Desde el departamento que comanda Valeriano Martínez sostenían que “si bien ahora lo prioritario es poner todos los medios precisos para paliar los efectos de la crisis, cabe recordar que Galicia ha venido siendo una de las comunidades autónomas de referencia en el cumplimiento de los objetivos de déficit, deuda pública, regla de gasto y pago a proveedores”.

El mantra de la Xunta, que es tratar de no gastar aquello que no se recauda, evitó que en la actualidad la deuda autonómica se situase en el entorno de los quince mil millones, nivel al que habría llegado si hubiese seguido la senda promedio del conjunto de las autonomías, con un peso sobre el PIB del 26,1 %.

En un comunicado, el área financiera del Ejecutivo autonómico recalcaba que el Banco de España “vuelve a situar a Galicia como la tercera comunidad de régimen común con menor endeudamiento” en el conjunto del Estado, resaltando que aumentó el citado diferencial de ratio deuda/PIB con la media autonómica hasta los 6,5 puntos.

Este indicador es superior al registrado en el mismo periodo de 2019 “como consecuencia de la suscripción de créditos a corto plazo para agilizar el pago a los proveedores y aumentar su liquidez debido a la covid-19”.

Los datos del Banco de España, según apuntan en la nota de prensa, “ratifican que Galicia es la comunidad autónoma que menos aumentó su volumen de deuda desde 2008”, cuando estaba en 3.954 millones de euros.

Todas las administraciones vieron como crecía en el segundo trimestre a cotas históricas. La del Estado escaló un 5,8 % en tres meses, a 1.158.811 millones, un 8 % interanual más. La autonómica rebasaba los 305.689 millones, dos tercios para Cataluña (80.015), Comunidad Valenciana (49.977), Andalucía (35.483) y Madrid (35.646).

Las corporaciones locales la elevaron un 9,1% a 24.967 millones, y en la Seguridad Social escaló a 68.855 millones (+25,1 %), nuevo récord.