Galicia enviará cien enmiendas al texto de la Ley de Universidades
Santiago. El secretario xeral de Universidades de la Consellería de Cultura, Educación e Universidades, José Alberto Díez de Castro, aseguró este jueves que el departamento de la Xunta remitirá cerca de cien enmiendas, de cara a su consideración, al texto del anteproyecto de la Ley Orgánica del Sistema Universitario.
Lo hizo tras su participación telemática en la Conferencia General de Política Universitaria que presidió el ministro del ramo, Manuel Castells. Se trata de un texto, explicó Díez de Castro, que supone “una oportunidad perdida para acometer una reforma real y una adaptación de estas instituciones académicas al futuro.
Además, el representante gallego señaló como primer error la “indefinición y vaguedad” en el proceso de elaboración del texto por parte del Ministerio de Universidades, que primero hizo una consulta inicial, sin centrar temas de debate e interés, “y después elaboró y aprobó en Consejo de Ministros un proyecto sin diálogo con las comunidades autónomas, el principal pilar de la financiación de las univesidades”, se lamentó.
Manifestó que esta forma de proceder generó el “rechazo unánime” de todas las partes implicadas.
Díez de Castro recalcó que la nueva ley debe ser un texto con vocación de permanencia, que dote a esta institución académica, clave para el desarrollo de una sociedad avanzada, de una estabilidad normativa necesaria al margen de los cambios políticos y sociales. “Debe ser un texto que aborde con ambición todas las mejoras que los diferentes agentes implicados llevan décadas planteando”.
Acerca, precisamente, de la financiación, el secretario xeral explicó que no hay una memoria económica real en la que se cuantifiquen los costes asociados a la puesta en marcha de las medidas previstas, “lo que supone otro escollo a la hora de valorar la efectividad de la reforma y la posibilidad real de cumplir con sus determinaciones”.
En este apartado insistió en que resulta “imprescindible una negociación con los gobiernos autonómicos ya que, en la práctica, las obligaciones impuestas en la norma recaerán en las disponibilidades presupuestarias de las comunidades”, dijo.
Aunque reconoció que el texto incluye cuestiones positivas, como la determinación de una estructura de financiación “que ya cumple el plan gallego en la actualidad” y la obligatoriedad de desarrollar una contabilidad analítica, aseguró que la redacción “renuncia” a fijar una estructura común para todas las comunidades autónomas.
Finalmente, Díez de Castro lamentó la “indefinición” del texto en relación con la gobernanza, proponiendo dos sistemas alternativos para la elección de los rectores, “una doble falsa posibilidad que no se asemeja a la evolución del modelo de elección adoptado por otros países”.
También señaló que el anteproyecto queda “obsoleto” en lo referido a la investigación, dado que sigue haciendo alusión a los institutos, a pesar de que las estructuras de investigación han evolucionado de forma muy considerable en las dos últimas décadas. rosa ríos