Galicia recurrirá al Supremo para ‘salvar’ la actividad en la franja litoral

La Xunta irá a por todas en los tribunales para defender sus competencias sobre el litoral y, sobre todo, para salvaguardar los derechos de particulares, empresas y titulares de concesiones instaladas en el dominio público marítimo terrestre. Convencida de que la legislación estatal, cada vez más restrictiva, busca “erradicar toda actividad humana y económica” en la franja costela, el Gobierno autonómico ya ha dado orden a sus servicios jurídicos para que interpongan un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el real decreto aprobado por el Ejecutivo estatal el día uno de agosto para reformar el reglamento general de costas.

La autorización a la Asesoría Xurídica para solicitar la nulidad de la reforma fue aprobada este jueves en la reunión del Consello de la Xunta y anunciada posteriormente a los medios por el presidente Alfonso Rueda, que, de nuevo, advirtió de la “deriva” del Ejecutivo central con reglamentos cada vez más restrictivos que ponen en peligro la actividad en la costa, sin tener en cuenta la realidad de cada territorio ni las consecuencias sociales y económicas de las limitaciones que se pretenden introducir. Tras recordar que en Galicia existen en torno a 4.000 edificacones públicas y privadas en el dominio público marítimo-terrestre (DPMT), advirtió de que ya se están paralizando algunas inversiones por culpa de la legislación impulsada desde Madrid.

Rueda detalló algunos de los cambios introducidos en la norma que han llevado a la Xunta a pelear en el Supremo. Uno de los cambios más importantes es, por ejemplo, que se elimina la posibilidad de que las concesiones de viviendas y de empresas de la cadena mar-industria otorgadas con anteriorioridad a 1988 puedan tener una prórroga extraordinaria, un derecho regulado por la Ley de Costas de 2013.

En el caso de las viviendas particulares, la reforma del reglamento que se recurrirá cierra la puerta, según explica la Xunta, a la permanencia de este tipo de edificaciones en la franja costera porque podrían localizarse fuera de ella.

En cuanto a las empresas instaladas en el DPMT con concesiones otorgadas antes del año 1988, la Xunta sostiene que desaparece de facto su derecho a la prórroga, ya que el reglamento limita la permanencia de este tipo de actividades en la costa a una duración máxima de treinta años, un tiempo que ya ha transcurrido. Rueda dijo que hay 18 empresas que esperan desde 2018 que se les conceda la prórroga de la concesión.

La Administración autonómica asegura que los concesionarios que solicitaron prorrogar su título antes de la parobación de la reforma pero que non han recibido respuesta expresa verán denegada su petición, “lo que genera una retroactividad claramente desfavorable y supone que el Goiberno vaya un paso más allá que con la Ley del Cambio Climático de 2021.

40 familias afectadas en Muros. “Quedan en limbo jurídico y ya se están produciendo muchas paralizaciones de actividad”, denunció Rueda, que también lamentó que 40 familias de Muros se hayan “enterado por el Catastro” de que sus propiedades pasaban a ser titularidad del Ministerio para la Transición Ecológica y a formar parte del dominio público marítimo terrestre.

Otro de los cambios que introduce el reglamento, según explica la Xunta, afecta a la regulación de la modificación de los límites en el DPMT, de manera que se introducen “criterios arbitrarios y sin justificación técnica alguna” para realizar deslindes, “pudiéndose ampliar la extensión de esta franja de titularidad estatal en detrimento de la propiedad privada y de las competencias autonómicas sobre la ordenación del litoral”.

La Xunta argumentará ante el Supremo que el Gobierno central limita, condiciona e incluso vulnera derechos reconocidos por la legislación de costas a través de una norma de rango inferior. Pedirá su nulidad plena.