Galicia sigue su “propia senda” y deflactará el IRPF en rentas de hasta 35.000 euros en 2022

La Xunta remitirá al Gobierno un documento técnico para defender la pesca de fondo y pedirá congelar peajes en la autopista AP-9 y AP-53
Sabela Arias
ana pontón. Este martes en el turno de réplica durante el pleno. Foto: Lavandeira Jr.

Galicia, después del anuncio de bonificación al 50 % del impuesto de patrimonio, realiza ahora un anuncio por el que podrían verse beneficadas rentas más bajas. Y es que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, proclamó este martes, una vez más, que Galicia continuará con su “propia senda” en política fiscal, anunciando que el IRPF, además de bajar del 9,4 % al 9 % en el tramo autonómico, como avanzó en su discurso de investidura, sufrirá una nueva rebaja para rentas de hasta 35.000 euros, como una forma de paliar la inflación con efectos desde el 1 de enero de 2022.

Esto servirá, según estimó durante su comparecencia en el Parlamento gallego este martes para avanzar las líneas maestras de los presupuestos de 2023, para que cada gallego ahorre una media de 450 euros, lo que se traduce en un total de 46 millones de euros.

“La inflación no puede suponer para los gallegos pagar más por el IRPF”, aseveró Rueda, para avanzar que esta deflactación –del 4,1 %– tendrá efectos retroactivos, es decir, afectará a la declaración de la renta realizada el próximo año, pero se aplicará desde el 1 de enero de 2022.

Todo ello se añade a otras disminuciones que ya estaban comprometidas para el IRPF: las familias con dos hijos menores de 25 años se equipararán a las numerosas, que tienen además “otras bonificaciones”; y el primer tramo de este tributo bajará del 9,4 % al 9 %, como ya prometió en mayo Rueda.

Cabe recordar que las cuentas autonómicas, de las que ayer se conocieron los detalles, están todavía en elaboración y ascenderán hasta los 12.600 millones de euros, un 8,2 % más que las de 2022, lo que supone un nuevo máximo histórico.

SIN SEGUIR LAS DIRECTRICES DE FEIJÓO. Para Alfonso Rueda, quien lleva poco más de cinco meses como presidente de la Xunta tras el salto de Alberto Núñez Feijóo a la política estatal, estas medidas suponen que Galicia avanza en su “senda propia” en materia fiscal, iniciada ya en el año 2009.

Desde entonces, las rebajas fiscales han permitido “un ahorro de 1.200 millones de euros”, según la cifra que dió Rueda al principio de su discurso y que arrancó el primer gran aplauso de su comparecencia por parte del resto de miembros de la Xunta de Galicia y de la bancada del Grupo Popular.

En este contexto, el presidente recordó las bonificaciones del impuesto de transmisiones patrimoniales; del impuesto de sucesiones, de las que se benefician el “99,9 % de los gallegos que heredan de un familiar directo”; y la ampliación de la rebaja del impuesto de patrimonio hasta el 50 % anunciado la semana pasada.

Al respecto de esta última medida, que fue muy criticada por la oposición –tanto por parte del BNG como del PSdeG– por beneficiar solo “a los ricos”, Alfonso Rueda alegó que “no es el pilar fundamental” de los presupuestos de la Xunta, con una recaudación estimada de unos 34 millones de euros. Con todo, reconoció que no quiso eliminar este tributo al completo, como sí hicieron otras comunidades (Andalucía, la última en sumarse a la lista), porque “no era el momento”.

En definitiva, reivindicó las rebajas fiscales porque “es lo que conviene hacer en un contexto de inflación”. En esta coyuntura, cargó contra el Gobierno central por no hacer lo mismo y por “recaudar 22.000 millones de euros más” como consecuencia del alza de precios “mientras familias, autónomos y empresas tienen que hacer malabares para llegar a fin de mes”.

AUMENTO DEL TECHO DE GASTO. El pleno de esta semana acogió esta inusual comparecencia del presidente de la Xunta para avanzar detalles sobre los presupuestos del próximo ejercicio, después de la aprobación en verano de un techo de gasto histórico de 12.800 millones, un 8,2 % por encima de las cuentas de 2022. Está previsto que el proyecto empiece su tramitación parlamentaria en torno al 20 de octubre, con la intención de que entre en vigor el 1 de enero.

De la cantidad que sube, Rueda calculó que el 40 % estará asignado a subidas salariales del empleo público, así como a afrontar unos “mayores costes energéticos y financieros” de la Administración gallega.

El presidente autonómico detalló que los departamentos de Economía, Industria, Promoción do Emprego y Política Social serán los que más crezcan en los presupuestos para 2023. Todo ello con una política del “sentidiño” que busque crear “certezas” y trasladar a los gallegos que “no están solos”, apostando “por una gestión próxima, realista y consciente con la realidad social”.

DENUNCIA SOBRE LA “PASIVIDAD” DEL GOBIERNO EN MATERIA DE SANIDAD, FONDOS EUROPEOS Y PESCA. Más allá de los detalles sobre las cuentas del próximo ejercicio, Rueda reservó la parte final de su intervención para afirmar que apuesta por una “cooperación leal” entre la Xunta y el Estado, al que demandó medidas “urgentes” en sanidad, gestión de fondos europeos y en política pesquera comunitaria, tras el veto a las artes de fondo en un total de 87 áreas marinas protegidas.

Con respecto a esta última materia, que afecta a unos 200 barcos “de forma directa”, avanzó que su gobierno remitirá al Ejecutivo central un informe con “argumentos técnicos”, tanto medioambientales como socioeconómicos, que avalan que la pesca de fondo puede ser “respetuosa y sostenible”. El objetivo es urgir al Gobierno de España a que recurra el reglamento que veta esta técnica de captura ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

También aprovechó Rueda para pedir al Gobierno de Pedro Sánchez que actúe ante la “falta de especialistas” en la sanidad, especialmente en medicina de familia, con la ampliación de las plazas MIR; y denunciar la “pasividad” con la que gestiona los fondos europeos para demandar una mayor agilidad en su transferencia a las comunidades y al tejido productivo.

No en vano, el presidente de la Xunta remitirá en próximos días a Sánchez una carta para instarle a “congelar” los peajes de las dos vías gallegas que dependen del Estado –la AP-9 y la AP-53–, como ya anunció que haría en las dos autopistas de titularidad autonómica –la de A Coruña a Carballo y la de Vigo a Baiona–, para que así no repercuta en los usuarios la inflación.