La violencia contra la mujer, una emergencia global de salud pública

El reciente debate sobre la nueva ley de garantía de las libertades sexuales pone el foco, una vez más, en “el problema de salud pública” que supone la violencia cara las mujeres, tal y como la calificó ayer la directora ejecutiva adjunta de ONU Mujeres. Anita Bhatia expresaba ayer en una entrevista que “hay tanta violencia doméstica y tanta violencia contra las mujeres” que, de alguna forma, lo hemos normalizado, pero que la única manera de acabar con los feminicidios es tratarlos como lo que son: una emergencia sanitaria.

Estas declaraciones las hizo el mismo día que la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito publicó su último informe, en el que se constatan unas cifras espeluznantes: más de cinco mujeres o niñas fueron asesinadas cada hora por parejas íntimas u otros miembros de la familia en 2021.

El estudio refleja que Asia y África fueron los continentes con mayor número de homicidios por motivo de género, y en relación a los ocurridos en la esfera privada, Europa es el que presenta la tasa más baja. Son cifras que pueden parecer lejanas, pero tal y como lo expresó Bahita, estas cifras, que descibrió como “impactantes”, reflejan que un número muy elevado de mujeres “no puede confiar en las personas con las que viven a diario”.

En Galicia, el caso más reciente de una mujer asesinada por su pareja fue en septiembre de 2021, en A Coruña. Ella, Mónica Marcos Piñeiro, de 52 años, fue la víctima número 35 de España en ese año. En Gondomar, en diciembre del 2020, un hombre de 64 años acuchilló y mató a su esposa, Soledad Rey Valverde de 59, en la casa en la que vivían con su hijo en la parroquia de Mañufe, en Gondomar.

Mientras que, tras conocerse los hechos, el alcalde de la localidad informaba de que no había denuncias previas por malos tratos, pocos días después del terrible crimen se localizó una carta en la que Soledad detallaba las agresiones que sufría por parte de su marido, e incluso un intento de asfixiarla el día de su cumpleaños.

Ellas no son las únicas, solo son los casos más recientes entre los que más llaman la atención mediática, las que acaban en muerte. En la comunidad gallega, concretamente desde el 2003, han sido asesinadas un total de 66 mujeres a manos de sus parejas, ex-parejas, famialiares o conocidos.

Aumento en las denuncias por violencia de género. En 2021, el número de mujeres que fueron víctimas de algún tipo de violencia de género aumentó en casi 1.000, un 3,2% más en comparación con el período anterior. En nuestra comunidad, las mujeres víctimas de violencia de género aumentaron en 2021 un 2,5% con respecto al 2020, pasando de 1.187 a 1.217.

Al mismo tiempo, el poder judicial en Galicia informó que en el segundo trimestre de este año en la comunidad se registraron un 10% más de denuncias por violencia contra la mujer con respecto al mismo período de 2021: 1.813 denuncias en tan solo tres meses.

Datos escalofriantes, que constatan lo que ya sabíamos: aunque las cifras parecen distantes, este tipo de terrorismo o “emergencia de salud pública”- como lo identifican en la ONU- afecta a todas las mujeres del mundo. La pregunta es, ¿qué se está haciendo para dar solución a este probema, que afecta a tantas mujeres en nuestra comunidad?; y, ante todo ¿funciona?

Galicia, que destina un 1,58% de sus presupuestos en políticas públicas en materia de igualdad, es, sin duda, pionera en ciertos aspectos que buscan proteger a las personas de este tipo de agresiones y discriminaciones. Un buen ejemplo es la ley de violencia vicaria, pubicada en julio del año pasado en el Diario Oficial de Galicia. Esta reconoce las agresiones cara contra los hijos o allegados de una mujer con el fin de hacerle daño a ella como una violencia machista, algo que la sitúa a la cabeza del país en esta materia. Otro hito de la Xunta es el reconocimiento como violencia machista a la ejercida por internet, con la inclusión del ciberacoso en la ley 15/2021.

Una futura medida salientable del Ejecutivo autonómico es la inclusión de las víctimas de explotación sexual también en la ley 11/2007 de medidas integrales para la sensibilización, prevención y tratamiento de la violencia de género, prevista para el próximo año 2023. Etso implica que estas personas podrán recibir las ayudas que el resto de víctimas.

En materia sanitaria, muchas veces el entorno en el que se detectan estas agresiones o violencias, el pasado mes de octubre se aprobó el Procedimiento de atención a las mujeres víctimas de agresión sexual y el Procedimiento de actuación del Sergas ante casos de sospecha de sumisión química, debido a las numerosas sospechas de posibles casos.

Además, según expresó ayer la conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, Galicia finalizará el año con el 100% de las medidas del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género

Según explicó la conselleira, la Xunta de Galicia mantiene un firme compromiso por erradicar esta violencia, “Un compromiso que se demostra coa posta en marcha de numerosas actuacións de sensibilización e prevención, de detección e atención, e tamén de coordinación, contra a violencia de xénero”.

Entre esas actuaciones, destacó medidas innovadoras como el alquiler social o la asistencia jurídica gratuita a las víctimas de violencia de género, y puso en valor la cobertura también de las de violencia sexual puesta en marcha el año pasado.

La conselleira de Igualdad también quiso poner en valor la línea de ayudas prevista para 2023 que permitirá a los concellos invertir nuevos medios en la mejora de las infraestructuras y equipación de los Centros de Información a la Mujer, puntos de vital importancia en la comunidad para atajar las violencias de género, así como la puesta en marcha de turnos especializados de guardia social y psicológica para atender a las víctimas y a sus hijos.

CAMBIOS EN EL SERGAS. Con todo, aún queda mucho por hacer, eso es indiscutible. Tanto es así, que ayer mismo la gerente del Sergas, Estrella López Pardo, informó de que se está trabajando en la agilización del sistema público de salud de nuestra comunidad para agilizar la atención sanitaria en relación a la violencia de género.

López Pardo reconoció la “importancia” de las actuaciones del ámbito sanitario para “contribuir a detectar” este tipo de violencia, y anunció que a partir de ahora el Sergas implementará tres cambios para establecer un “procedimiento común” y “mejorar la asistencia sanitaria en este ámbito”. El primero de ellos pasa por agilizar el accesos a la asistencia sanitario de los servicios de urgencia de los hospitales “implicando al personal administrativo. De este modo, si una mujer solicita asistencia por motivo de violencia de género, el personal administrativo “deberá informar inmediatamente al personal de triaje para su atención.”

Por otra parte, el triaje irá marcado con el nivel dos, de alta prioridad para que “la persona pueda ser atendida en los diez primeros minutos”. Además, “para evitar la victimización secundaria de estas mujeres, se realizará la evaluación ginecológica y forense en un solo acto realizando el reconocimiento de manera simultánea y coordinada”, señaló Pardo.

Por último, sobre la actuación ante casos de sospecha de sumisión química, la gerente del Sergas indicó que “encamina la actividad de la asistencia sanitaria al juzgado de guardia y el Imelga (Instituto de Medicina Legal de Galicia)” con el fin de obtener un proceso con una respuesta integral.

En ese proceso se especifican “las pruebas a realizar, el acompañamiento y el registro de la historia clínica y asegura el seguimiento posterior, una exploración valorando esa necesidad de apoyo por parte de una unidad de salud mental o gestión de asistencia jurídica.”

Además, está previsto elaborar de cara al 2023 una guía de atención sanitaria y psicosocial a mujeres e infancias en situación de violencia de género, en cuya elaboración participarán los “dispositivos y agentes implicados”. Pequeños- o grandes- pasos que nos encaminan cara un futuro en el que, con suerte, ser mujer no tendrá los datos en contra.