La Xunta no va a recurrir la sentencia indemnizatoria de Meirás
La Asesoría Xurídica Xeral de la Xunta sigue los pasos de la Abogacía del Estado y no tiene pensado recurrir la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña sobre la titularidad del Pazo de Meiras. Ésta determina que la Administración central deberá indemnizar a la familia Franco por los gastos derivados de su mantenimiento desde finales de 1975. Por el contrario, sí lo harán los servicios jurídicos de la Diputación Provincial de A Coruña, el Concello herculino y el de Sada, que fue el primero en adoptar esta postura.
Durante la celebración de una comisión en el Parlamento de Galicia, a pregunta del diputado nacionalista Luis Bará, el secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, respondió que la Xunta no tiene previsto recurrir la citada sentencia, porque “supera el ámbito competencial de la Xunta”, y solo se presentará el recurso si hay un “consenso” en la Cámara gallega instando al Ejecutivo gallego a llegar a esa vía judicial.
Bará manifestó que “no puede admitir” los argumentos esgrimidos por la Audiencia Provincial de que los descendientes de Franco no actuaron de “mala fe” –la sentencia esgrime que lo hicieron de buena fe tras una posesión pacífica de más de cuarenta años– ya que ello puede tener “consecuencias de futuro”, en alusión a permitir a los demandados dar un giro al proceso ya que éstos anunciaron que presentarán su recurso de casación al Supremo.
“Lo importante es que Meirás forma parte del patrimonio público”, replicó Lorenzo, señalando el sentir de la Xunta: la clave es haber conseguido que la propiedad del inmueble regrese a ser pública, e insistir en que debería ser la Administración gallega la que llevara la gestión.
El parlamentario del BNG recordó que los estudios, efectuados por expertos, permitieron demostrar en el juicio oral que Franco se atribuyó la propiedad del inmueble y hubo un “expolio continuado” de bienes en las parcelas lindantes mediante “extorsión, coacción, chantaje y terror”, lo que se hizo con ayuda de “grandes recursos públicos”.
Por todas estas circunstancias, Bará reiteró en que se debe recurrir la sentencia para que el Estado no compense a los herederos. Y si bien puso en valor que la Xunta se hubiera sumado en su día a la demanda judicial para recuperar el inmueble para el patrimonio público, lamentó que haya llegado tarde en acciones similares como las de la Casa Cornide de A Coruña o las estatuas del pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago de Compostela.
Al respecto Lorenzo comentó que la referida sentencia, la segunda de este proceso que finalizará en el Tribunal Supremo, “matiza” algunos aspectos de la del juzgado de Primera Instancia nº 1 de A Coruña, y añadió que no compartía algunos de los argumentos utilizados por Bará.
POSTURA SOCIALISTA. El viceportavoz del PSdeG Pablo Arangüena, insistió ayer en que se “agoten todas las posibilidades jurídicas” para no pagar ni un solo euro a la familia Franco”, y aunque reconoció que el recurso “sea muy difícil” o no “sea admitido por el Tribunal Supremo”, cree que “si hay la más mínima posibilidad de intentarlo, habrá que hacerlo”, porque “hace dos años, cuando aún no se había presentado la demanda judicial por la Abogacía del Estado, absolutamente nadie apostaría su dinero a que se recuperaría la propiedad del pazo”.
Arangüena puso en valor un éxito que “se debe al compromiso y a la firme voluntad política de un gobierno progresista”, porque “si fuera por la Xunta de Feijóo, el pazo seguiría en manos de los Franco”. Y precisó que “en once años de gobierno, lo único que hizo espontáneamente el gobierno gallego con respecto a Meirás fue a llegar la un acuerdo con la Fundación Franco para que lo abriera cuatro días al mes”, y lo que hizo esa entidad “fue exaltar la figura del dictador”. “En el pazo se debe explicar, difundir y reivindicar la memoria histórica y democrática”, sentenció el socialista.