Las acusaciones van a centrar sus dardos contra la gestión de Renfe y Adif previa al siniestro
El juicio por el accidente del tren Alvia en la curva de Angrois el 24 de julio de 2013 será atípico tanto por el mastodóntico volumen que moverá como por las circunstancias que lo rodean: pese a que hay dos personas sentadas en el banquillo las acusaciones dirigirán toda su artillería contra la gestión previa a la tragedia de los entes públicos ferroviarios Renfe y Adif y los políticos, PSOE y PP, el primero gobernaba en Madrid cuando se puso en marcha la línea y el segundo en el momento del siniestro.
Casi una década después de lo ocurrido las caras visibles en la sala son el maquinista, Francisco José Garzón Amo, y el exdirector de seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte López, a quienes la justicia imputa 80 supuestos delitos de homicidio, 145 de lesiones y uno de daños, por imprudencia profesional grave. Pese a todo la petición de pena de la Fiscalía es de solo cuatro años de cárcel y otros tantos de inhabilitación para desempeñar los cargos que ocupaban; lo que, en la práctica, supondrá que ni deberán ingresar en la cárcel (la actual política penitenciaria permite que las penas inferiores a cinco años se salden en libertad condicional) ni tendrán consecuencias laborales (el maquinista está prejubilado desde marzo de este año y el alto cargo volvió a la plaza que tenía).
Es por tanto un juicio para dilucidar la gestión que Renfe y Adif hicieron antes de la tragedia centrándose en la premura a la hora de inaugurar la línea sin las debidas medidas de seguridad; de hecho un buen número de testigos y peritos citados están relacionados directamente con esa cuestión, aunque las acusaciones que representan las víctimas intentarán que se convierta también en una vista contra la gestión por parte de los responsables políticos de PSOE y PP.
Los abogados del maquinista Francisco José Garzón, liderados por Manuel Prieto Romero, basan su estrategia por la que pide la libre absolución en que “la clave” para que se produjera el siniestro está en la “carencia de un análisis de riesgo y medidas de seguridad” en la línea entre Ourense y Santiago.
El penalista madrileño Ignacio Sánchez González también reclama la libre absolución de Andrés Cortabitarte, que estaba al frente de la Dirección de Seguridad en la Circulación de Adif cuando se puso en servicio ese tramo de velocidad alta, al considerar que no tenía responsabilidad alguna en lo ocurrido.
Tanto el uno como el otro esperan que “se aclare toda la verdad” y “se determinen las causas del accidente” aunque la posición de ambos es bien distinta ante las acusaciones que formularan esos 110 abogados que representan a 154 personas o grupos de afectados en el siniestro. Desde la asociación Víctimas Alvia 0455, la más activa a lo largo de etos años, se valora el arrepentimiento y petición de perdón de Francisco José Garzón pese a que son conscientes de que el exceso de velocidad y la imprudencia de atender una llamada telefónica en una zona peligrosa fueron las causas finales del descarrilamiento.
Más beligerantes son respecto a un Andrés Cortabitarte que siempre se negó a asumir responsabilidad y, según ellos, nunca admitió los errores cometidos por Adif y Renfe, Lo que haga o diga el ex jefe de seguridad de Adif durante la vista es una de las grandes interrogantes de este juicio. ¿Seguirá defendiendo a su empresa en una sala donde se congregarán decenas de afectados? Muy pronto saldremos de dudas.