Las caixas tienen tres causas penales por 150 millones pendientes de ir a juicio
La crisis de las caixas hace como el Guadiana, río andaluz que desaparece... pero siempre reaparece. La pasada semana lo hizo con virulencia, brotando con una fuerza inusitada, por las interpretaciones a un auto de la Audiencia Nacional en la que se sostenía que la única razón para la intervención del FROB en las cajas de ahorro gallegas “fue por la situación económico-financiera en la que se encontraba, en 2010, Caixa Galicia, antes de que se produjera la fusión”. “Caixanova nunca habría sido intervenida si no se hubiera visto obligada a fusionarse dando lugar a NovaCaixaGalicia”, argumenta, tirando de supuestos informes del Banco de España.
El documento judicial con fecha del 1 de octubre no iba sobre ese tema, y posiblemente los magistrados José Antonio Mora Alarcón, presidente de la Sección Segunda de la sala de lo penal de la AN, José Ricardo de Prada y Julio de Prada López, ponente del auto, pretendían tanto revuelo. Su intención era remitir a la Audiencia Provincial de Pontevedra una de las tres causas que se mantienen activas y a la espera de juicio vinculadas a las caixas, dos de Caixanova, y una tercera donde se dirimirá la responsabilidad de los antiguos gestores de Caixa Galicia. Entre las suman un posible quebranto que podría llegar a 150 millones de euros.
La que ahora pasará a estar bajo el radar del Tribunal Superior de Xusticia de Galicia (TSXG) por la decisión de rebotarla a Pontevedra es el procedimiento abierto por un crédito de 43,16 millones concedido en 2006 por Caixanova a la promotora del conocido como Complejo Residencial Marina Atlántica, que firmado por el equipo del prestigioso arquitecto Norman Foster, pretendía convertir a Cangas en una meca internacional. Ocuparía 200.000 m2 en O Salgueirón con centenares de viviendas, con un edificio comercial en la antigua conservera Massó, un hotel de cinco estrellas y hasta un museo de la ballena.
La justicia impidió el desarrollo del puerto deportivo aledaño y el residencial acabó en agua de borrajas. La Audiencia Nacional apunta en el auto que dicha operación no afectó a la solvencia, al representar apenas un 4 % de los fondos propios de la entidad, y por ser todos los actores y ámbitos territoriales en Pontevedra, pasa allí la causa.
Ahora mismo el único gran éxito de la AN, victoria también del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), fue el reconocimiento judicial al cobro de 20,1 millones de euros más intereses legales y costas por la sentencia que condenó a cuatro exdirectivos, todos de la antigua Caixanova, como son Julio Fernández Gayoso, José Luis Pego, Gregorio Gorriarán, Óscar Rodríguez y al abogado Ricardo Pradas a penas de prisión y a la devolución de cantidades millonarioas. El único encausado vinculado a Caixa Galicia, Javier García de Paredes, se libró de las condenas, aunque de su bolsillo y también con sus futuros compromisos de pensiones saldó la mitad de la cuantía total.
A la excúpula de Caixanova le tocará, si nada lo remedia, pasar también por el banquillo por las operaciones financieras poco claras con la que la promotora Promalar trataba de reflotar a la conservera Alfageme. El expresidente Gayoso, el exdirector general Pego o Gorriarán deben responder ante un supuesto agujero de 80,5 millones y delitos como blanqueo de capitales y societarios vinculados a la concesión de préstamos.
La tercera es la única en la que aparece junto a otros directivos el ex líder de Caixa Galicia, José Luis Méndez, quien forzado a abandonar la nave de la fusión, se libró sin cortapisas legales a su suculento retiro multimillonario.
Se trata del caso Cueva Mar, en Roquetas de Mar, donde en 2004 una tasación valoró en 31 millones de euros varios terrenos que avalaron préstamos, suelo que era no edificable, sin valor e incluso protegido tras los hallazgos de yacimientos arqueológicos. Habrían causado un quebranto de 27 millones a la caja, que acabaron en su mayoría, según la investigación en la Audiencia Nacional, en las cuentas de los dueños de las sociedades Promociones Cueva Mar y Bretón de los Herreros 38. Las declaraciones de los investigados se producían a finales de 2017 y después se comenzó a recabar las pruebas documentales. Y así hasta nuestros días.