Las obras de Rande causaron retenciones “diarias” y retrasos que perjudicaron a los usuarios

Tener que conducir de manera recurrente por la AP-9 durante las obras de ampliación del puente de Rande, realizadas entre 2015 y 2018, no fue plato de buen gusto para millares de gallegos que vivieron retenciones de manera habitual y retrasos en sus horarios que les afectaron tanto en su vida personal como laboral.

Al menos así lo relataron los cinco testigos presentados por el Ministerio Fiscal, usuarios habituales de la vía, durante una vista celebrada este miércoles en la Audiencia de Pontevedra con motivo de la apelación a la sentencia que condenó a la concesionaria Audasa por el cobro abusivo de peajes en esta autopista durante ese período.

Los testimonios, interrumpidos por el juez porque todos incidían en los mismos aspectos, subrayaron los retrasos y retenciones diarias, no puntuales, que podrían suponer hasta media hora. Aseguraron que, en todo caso, las retenciones importantes no fueron siete, como recoge el fallo de primera instancia, sino que se las encontraron en “el 70 o el 90 por ciento” de las veces que usaron la vía.

Ningún cartel ni señal de advertencia. Los testigos, interpelados por la Fiscalía y los abogados de los usuarios y la concesionaria, señalaron además que nunca vieron carteles ni señales que les advirtiesen de que podrían encontrarse carriles cortados, maquinaria pesada en la vía, arcenes más estrechos de lo que marca la normativa o retenciones.

Indicaron, asimismo, que no se plantearon utilizar una vía alternativa porque “no existe” y que una vez dentro de la autopista no tenían cómo abandonarla sin pagar peaje tras encontrar “embotellamientos”, fundamentalmente a la entrada y salida del puente de Rande.

Para la Fiscalía, además, el hecho de que los testigos declarasen que la presencia de la Guardia Civil era recurrente donde se producían las retenciones prueba que las obras sí generaron un impacto en la circulación que afectó a los usuarios de la AP-9.

Por último, y a los efectos de valorar la acción de indemnización, la Fiscalía se refirió, por su similitud, a la sentencia del pasado 25 de enero en el procedimiento de Volkswagen, que alude a la posibilidad de homogeneizar los perjuicios a los efectos de concertar una indemnización para todos y garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva.

“eligieron libremente”. Para Audasa, sin embargo, los testigos no pueden ser creíbles al ser interesados, “posibles perceptores de la indemnización que pide la Fiscalía”, por lo que es necesario “poner en tela de juicio la valoración de sus declaraciones”, las cuales son en ocasiones contradictorias por lo que “no pueden tener suficiente peso para suspender la valoración de la prueba”.

Incidió la empresa en el hecho de que no tiene competencias para poner señales o indicaciones fuera de la autopista y recordó que los usuarios optaron en libertad por el uso de la AP-9 de manera continuada pese a ser conscientes, como dijeron, de que posiblemente se encontrasen retenciones. También ahondó en que su responsabilidad es cobrar el peaje íntegro, toda vez que una modificación, reducción o exoneración no es algo que le competa.

La vista revisa el fallo emitido en febrero de 2020 por el juzgado de lo mercantil número 1 de Pontevedra, que concluyó que Audasa debía restituir el importe cobrado en concepto de peajes durante las 81 incidencias acreditadas durante estas obras.