Las víctimas del Alvia van a recurrir el cierre de la instrucción
La plataforma de víctimas Alvia 04155, mostró su satisfacción porque en el auto del magistrado Andrés Lago, con el que se cierra por segunda vez la instrucción del siniestro del 24 de julio de 2013, a 8 km de la estación de Santiago y en el que fallecieron 80 personas y hubo 144 heridos, se impute no sólo al maquinista, Francisco Garzón, sino también al director de Seguridad del Adif, Andrés Cortabitarte, pero consideran que “es insuficiente” y anuncian que lo recurrirán.
Recuerdan que siempre denunciaron que “el fallo humano del maquinista no era la única causa del accidente”, sino la consecuencia de un comportamiento negligente e irresponsable de cargos del Adif, Renfe y del Ministerio de Fomento. El auto deja claro que “existía un riesgo en la curva y por parte del Adif no se realizó el análisis de riesgos al que obligaba la normativa en dos ocasiones”, expresan en un comunicado.
Señalan que “hubo modificaciones importantes” del proyecto original, “cuya repercusión en la seguridad resulta obvia sin que conste que previamente se hubiese evaluado el riesgo que dichos cambios pudieran comportar para la seguridad”. Y también cuando se produjo la desconexión del sistema de seguridad Ertms, porque éste generaba retrasos, “sin previamente realizar una evaluación del riesgo que tal desconexión pudiera comportar para la seguridad en la circulación”.
“Entendemos que existen responsabilidades por parte de Renfe”, al tener “constancia por escrito de un aviso de un jefe de maquinistas sobre la peligrosidad de la curva de Angrois” y no actuar como “obliga la Directiva de Seguridad Ferroviaria 2004/49”, argumentan las víctimas.
También inciden en que Renfe debía contar con procedimientos para detectar los riesgos, como “la comunicación por teléfono que fue la desencadenante del despiste del maquinista”. Y además desean saber si es cierto que se produjo el borrado de las averías del tren por parte de Talgo, aunque el magistrado no le encuentre relevancia penal.
Por todo ello exigen ser recibidos por alguien del Gobierno, tras pedirle hace dos años una reunión al ministro Ábalos, un año al presidente Sánchez y nueve meses al vicepresidente Iglesias. También el cese de los miembros de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios y que se haga una nueva Investigación técnica independiente como exige la UE. Y el de Andrés Cortabitarte, que aún ocupa un puesto de libre designación en el Adif.
Por su parte, la portavoz del BNG en Europa, Ana Miranda, quien facilitó a la plataforma de víctimas el acceso a las instituciones comunitarias, criticó el cierre de la instrucción sin que se haya realizado una investigación independiente como reclama la Comisión Europea. Por ello le preguntará qué pasos se están dando para hacer cumplir al Estado español el procedimiento de infracción abierto en enero de 2019. “Vemos que a única vía que ten interese por chegar até o final é Europa”, manifestó la política nacionalista.
Asimismo, la portavoz de Ciudadanos en Galicia, Beatriz Pino, consideró “fundamental abrir una investigación técnica independiente” e “incorporarla al proceso judicial”.