Los presupuestos y la ley de acompañamiento, listos para su debate definitivo en pleno

Los presupuestos de la Xunta para 2023 y la ley de medidas fiscales y administrativas que habitualmente acompaña a las cuentas quedaron listos para su debate definitivo en el pleno del Parlamento, tras incorporar en el trámite de comisión un total de 46 enmiendas: 12 y 34, respectivamente.

El pleno presupuestario está convocado para el próximo martes 20 de diciembre, mientras que a continuación está previsto que arranque el pleno ordinario.

En concreto, el dictamen del proyecto de la ley de presupuestos incorporó a propuesta de la ponencia 12 enmiendas al articulado, nueve de ellas del PP y tres del PSdeG. Ninguna de las que planteó el BNG fueron aceptadas y el plazo para el mantenimiento de las enmiendas rechazadas –tanto de este texto como a la ley de acompañamiento– está abierto hasta mañana miércoles 14.

Tras el debate en comisión este lunes, la ley de medidas sumaron otras 34 enmiendas, de ellas 27 de los populares, dos de los socialistas y cinco transaccionadas: una con el Bloque, tres con el PSOE gallego y una de consenso.

LAS NUEVES DEL PP. En cuanto a las cuentas públicas para el año que viene, la ponencia aceptó las nueve enmiendas del grupo mayoritario, de las que seis se limitaron a introducir el adjetivo “públicas” en cada una de las menciones que la ley de presupuestos realiza a las universidades gallegas, para que quede “claro” que las previsiones presupuestarias atañen “exclusivamente” a las universidades públicas.

Una séptima enmienda se refiere al Instituto de Vivenda e Solo, que podrá conceder avales para la compraventa de viviendas que pasan del 15% al 20%. A modo de corrección, también se modifica el límite de edad, de menores de 35 a menores de 36 años.

La octava adapta los módulos por unidad escolar en los centros concertados de los distintos niveles y modalidades educativas a la subida retributiva acordada para 2023 y la novena aclara la redacción de los criterios de distribución del Fondo Adicional del Fondo de Cooperación Local, para indicar que la competencia le corresponde a la Vicepresidencia Segunda.

LAS TRES DEL PSdeG. Las tres de los socialistas gallegos aceptadas son las números 20, 40 y 41: la primera, de aceptación directa, que establece que para conseguir “el máximo grado de ejecución posible” de los fondos europeos los créditos que no amparen compromisos de gastos debidamente adquiridos “podrán ser reasignados a otras actuaciones” y que podrá efectuarse dicha reasignación en relación con los créditos financiados con el Fondo de Compensación Interterritorial, “por propuesta motivada de la consellería competente y el visto y placet de la Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos”.

Otra enmienda de aceptación directa introduce el término “subvención nominativa” que ya estaba definido en el reglamento de subvenciones de Galicia y la transaccionada establece la obligación de comprobación material de la inversión realizada con cargo a una subvención de la Xunta, que también se encuentra recogida, en este caso en la ley de subvenciones de Galicia.

LEY DE ACOMPAÑAMIENTO. La ponencia de la ley de acompañamiento propuso la adición a la norma –y así salió adelante en la votación en comisión– de 34 enmiendas: 27 del PP, dos del PSdeG y cinco transaccionadas.

Las dos enmiendas de los socialistas que se aceptaron directamente se refieren a la ley de montes (incorpora una palabra a la redacción) y a la de empleo público de Galicia. Esta última posibilita considerar activos en un concurso de promoción interna los periodos en que funcionarios estuvieran de permiso por maternidad o paternidad o con una reducción de jornada.

La primera de las transacciones se realizó con el BNG, sobre las fundaciones biomédicas o sanitarias, para que su personal tenga condición de empleado público de salud.

Dos de las tres transacciones correspondientes al PSdeG tienen que ver de nuevo con la ley de empleo público, para que no sea tenido en cuenta el periodo de prueba a efectos por ejemplo de suspensión de contrato en el personal laboral y funcionarios que acrediten discapacidad intelectual.

La tercera se refiere al ámbito eólico, de modo que se podrán considerar iniciativas empresariales prioritarias aquellos proyectos con impacto en el territorio durante “toda la vida útil” del parque, de modo que destinen el 2,5% de los beneficios a los ayuntamientos donde se implanten.

Precisamente este era uno de los cambios introducidos por el grupo popular con sus enmiendas, con las que cambiaba la redacción de uno de los requisitos para ser considerada iniciativa empresarial prioritaria, y así pasaba de ser el compromiso de repercutir un 2,5 por ciento de la facturación en los ayuntamientos en que se ubiquen al 2,5 por ciento de los beneficios. Ahora, con la transacción con el Partido Socialista, se precisa que esto debe durar “toda la vida útil” del proyecto eólico.

TRAÍDAS DE AGUA RURAL. La enmienda de consenso, nueva, fue añadida por acuerdo de los tres grupos tras la petición que trasladó una federación de asociaciones de entidades de traídas de agua rural.

Con ella se modifica la ley del suelo, que contemplaba las conexiones de una construcción del rural con la traída de titularidad pública pero no así con las que llevan asociaciones que, no siendo públicas, sí se consideran de interés público. Esto es lo que ahora será tenido en cuenta.