Miñanco defenderá en el Supremo el primer ‘match-ball’ de su futuro judicial

“Una imagen en cámara lenta de una pelota de tenis que rebota en la red y se eleva. La acción se congela allí, con la pelota en el aire, mientras una voz en off plantea que cambiará el resultado del partido, tratándose de un punto decisivo, según el lado para que caiga, tras el rebote. Que se trata, en definitiva, de una cuestión de suerte”. Es el inicio de la película de Macth Point de Woody Allen en la que te condenen por un crimen depende de eso, de una cuestión de suerte.

Chris Wilton (Jonathan Rhys Meyers) en la pantalla salva, con ayuda de la red en demasiadas ocasiones, todas las pelotas de partido mientras que José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, se juega el primero de sus match ball este martes ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Será a partir de las 10.30 de la mañana y él ni siquiera estará presente y deberá aguardar el resultado en la prisión de Estremera, donde se encuentra recluido. Wilton tuvo mucha más suerte.

Ese día el Alto Tribunal deberá decidir sobre el recurso presentado por su nuevo abogado, Jacobo Teijelo, contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra que le condenó a cuatro años de cárcel, al pago de seis millones de euros de multa y, lo más significativo, al embargo inmediato de las propiedades del narco en Cambados que gestiona su familia y que están valoradas en más de diez millones de euros. Ahí figuran las dos joyas de la corona que la Justicia lleva tres décadas intentando quedárselas: la Inmobiliaria San Saturnino y Astilleros Facho.

De que la bola caiga de un lado de la red, que los magistrados admitan los argumentos de su letrado y los del propio narcotraficante enredado en su defensa, o del otro, que validen la sentencia de Pontevedra, depende no solo que la decisión judicial de la primera instancia se convierta en firme y quede privado de esos bienes, sino que también marcará el discurrir de la otra bola de partido que todavía tiene pendiente: el juicio de la operación Mito que debería celebrarse antes de final de año y en el que Miñanco está procesado por los delitos contra la salud pública relativo a sustancias que causan grave daño a la salud, otro de blanqueo de capitales y un tercero de falsificación en documento oficial, con el agravante de ser considerado el jefe de organización criminal.

SENTENCIA EN PONTEVEDRA. Los magistrados de Pontevedra, en su decisión tras la vista por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, condenaron a José Ramón Prado Bugallo, su exmujer María Rosa Pouso Navaza; la mayor de sus tres hijas, Rosa María Prado Pouso; a su excuñada, Josefa Pouso Navaza; y al empresario José Alberto Aguín Magdalena, al que se considera un testaferro del narco, a la misma pena de cuatro años de prisión y seis millones de multa.

Consideraron acreditado “sin distinciones entre ellos”, que todos los acusados “participaron activamente de forma fundamental en el conjunto de actos a través de los que pretendían lavar el dinero procedente del narcotráfico”.

La resolución de Pontevedra dio por hecho que el conocimiento que tenían los sospechosos de la procedencia delictiva del dinero se deduce “de una forma bien fácil del notorio y desproporcionado incremento patrimonial que con sus demostrados ingresos legales y ordinarios, no pudieron justificar”.

El “origen del dinero”, según la sentencia, solo se explica “por la relación de todos ellos con las actividades delictivas, sobre todo, del acusado José Ramón Prado Bugallo”. Los jueces subrayan que los ingresos lícitos de los imputados “no les daban para manejar tan ingentes cantidades de dinero”. Estos actos por los que fueron condenados, la sentencia refleja “acciones que los acusados desarrollaron hacia la ocultación o encubrimiento del origen delictivo del dinero que empleaban”, lo que permite concluir que “la ejecución del delito que les imputa la acusación pública se produjo a lo largo de tan dilatado período de tiempo”.

El tribunal provincial acordó también la clausura definitiva de la entidad Inmobiliaria San Saturnino S.L., a la que considera “el eje alrededor del cual todos los acusados llevaron a cabo el delito de blanqueo de capitales”, y decretó el comiso de la totalidad de bienes adquiridos con dinero procedente del narcotráfico. Destacó a la hora de fijar la pena “el volumen de dinero blanqueado”, así como los “negocios que levantaron, que sostuvieron y que aún tienen” y la cantidad de sociedades que formaron “para ocultar o, cuanto menos, maquillar, la procedencia del dinero”.

OPERACIÓN MITO. La jueza María Tardón procesó a José Ramón Prado Bugallo, y a otras 45 personas físicas y cinco jurídicas por su presunta participación en dos operaciones con las que pretendían introducir en España casi cuatro toneladas de cocaína, y por la creación de un entramado criminal para blanquear el dinero obtenido con la droga. En un auto, Tardón atribuye a los investigados delitos contra la salud pública relativos a sustancias que causan grave daño, concurriendo la agravante de notoria importancia, cometida en el seno de organización criminal y de extrema gravedad; blanqueo de capitales; delito continuado de falsificación de documento oficial o tenencia ilícita de armas.