Mulos y Pimpos pactan penas y multas mínimas con el Ministerio Público
Como era de esperar, a la vista del tiempo transcurrido y la habilidad de los dos miembros del clan de los Pimpos y los Mulos para salir de los atolladeros, hubo acuerdo de conformidad y el juicio apenas duró un par de horas entre los trámites previos y el reconocimiento de los acusados de todos los hechos, que era lo que pedía el ministerio Fiscal para alcanzar un pacto.
De esta forma, el narcotraficante cambadés Rafael Bugallo Piñeiro, conocido como O Mulo, aceptó ser condenado a nueve meses de prisión (está cumpliendo 14 años por narcotráfico) por un delito continuado de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas.
Esa misma pena será impuesta a su exsocio y exconcuñado Enrique Martínez Santiago, alias O Pimpo, al completarse el acuerdo de conformidad al que ambos llegaron con la Fiscalía para evitar el juicio previsto en la Audiencia de Pontevedra. Además, deberán abonar al Estado sendas multas de 41.961 y 12.877 euros respectivamente.
El convenio con la Fiscalía, que solo incluye penas de cárcel para ambos socios, informaron fuentes jurídicas, recoge el castigo como beneficiarios del blanqueo a título lucrativo de las dos exmujeres de O Mulo y O Pimpo, las hermanas María Dolores y Mari Nieves Rebollido y de dos hijos de cada uno de ellos.
La Fiscalía tuvo en cuenta la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas ya que este caso se inició con una investigación en el año 1998. Todos ellos no tuvieron reparo en reconocer, como solicitaba el fiscal, que “de común acuerdo” y con la intención de invertir el dinero obtenido por sus actividades de narcotráfico “procedieron a realizar diversos gastos e inversiones”.
Esto provocará, por otro lado, el decomiso definitivo de varias de las numerosas propiedades de los dos socios, entre ellos chalés, pisos, áticos, locales comerciales o parcelas edificables en O Salnés.
Otras tres personas de ambas familia, que estaban acusadas también en esta causa, fueron absueltas después de que les hubieran retirado los cargos contra ellas.
El fiscal solicitaba inicialmente para los once acusados penas que sumaban 51 años de cárcel y multas de cerca de 17 millones de euros, pero el retraso en la causa -cuya investigación comenzó en 1998- ha obligado al ministerio público a rebajar sustancialmente las penas.
El tribunal decidirá en la sentencia sobre la suspensión de esta condena, una petición de los abogados de las defensas a la que no se opone la acusación. El fallo es firme y contra él no cabe recurso.