Nueva norma en el PSOE para sancionar a los cargos que no aporten fondos al partido

El pulso en la agrupación coruñesa entre los afines a la alcaldesa, Inés Rey, y los próximos al secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, tiene ahora mayor claridad en los estatutos para dilucidarse
Elena Piñón
Gonzalo Caballero, a la derecha, con Xoaquín Fernández Leiceaga, ayer en su comparecencia ante los medios.

El Comité Federal del PSOE aprobó ayer una modificación de sus estatutos para garantizar que se pueden adoptar medidas o incluso “acciones judiciales de reclamación” en los casos en los que se confirmen “incumplimientos reiterados y graves” de la obligación que tienen los cargos socialistas de aportar parte de sus remuneraciones al partido, según informan a Europa Press fuentes socialistas.

En concreto, la dirección decidió modificar el artículo 510 de los estatutos, en el que se establece que los cargos públicos “deberán contribuir a la financiación del partido” y efectuar al órgano político correspondiente “las aportaciones que se establezcan”.

En los estatutos ya se avisaba de que “el no cumplimiento del deber de aportación asumida de un cargo público podrá dar lugar a las consecuentes sanciones disciplinarias, y en su caso, a exigencias de responsabilidad política por ello”, pero no se hacía referencia a que ese incumplimiento se verá como “grave”.

Además, en un nuevo punto que añaden al citado artículo, se establece que “a los efectos del cumplimiento” de estas obligaciones, se elaborará un “informe anual cuantitativo” sobre el grado de cumplimiento de las aportación establecidas y “los incumplimientos reiterados y graves”, para que se puedan adoptar por parte del Comité Federal “las decisiones correspondientes, disciplinarias, políticas” o, en su caso, “el ejercicio de acciones judiciales de reclamación”.

Asimismo, con esta reforma se establece que el Comité Federal aprobará una tabla de aportaciones que servirá como referencia mínima para las que después fijen los órganos territoriales.

Además, se deja claro que esta obligación no sólo es para los cargos públicos que sean afiliados, sino para todos los que hayan concurrido también como independientes en las listas del PSOE, y “se hayan comprometido a ello previamente” aceptando el código ético. También aquellos nombrados a propuesta o con apoyo del partido por concurrir una especial confianza, incluyendo cargos públicos o puestos de personal eventual por nombramiento de libre designación en las Administraciones Públicas.

Precisamente, en Galicia, las aportaciones al partido por parte de la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y de otros ediles del gobierno marcaron un enfrentamiento en la agrupación local, entre partidarios de la dirección provincial, que encabeza Valentín González Formoso, y afines al secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero.

El conflicto estalló con la destitución por parte de la alcaldesa de la que era edil de Emprego del Ayuntamiento y secretaria local de la agrupación Eva Martínez Acón (afín a Gonzalo Caballero). Mientras que Inés Rey atribuyó el cese de esta a su “nula dedicación a las tareas de gobierno”, Acón lo vinculó a que le había reclamado tanto a la regidora como al resto de concejales el pago de las “cantidades adeudadas al partido” en un momento económicamente delicado para el grupo local.