Nuevo frente por los criterios de reparto en fondos de empleo

Galicia, Andalucía, Murcia, Madrid y Castilla y León, molestos tras una conferencia sectorial que abordó la distribución de 687,75 millones
Fondos Europeos
José Calviño
La conselleira de Emprego, María Jesús Lorenzana, y su equipo en la videoconferencia de la Sectorial de Empleo, con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en pantalla. Foto: Xoán Crespo

No hay jornada sin choques entre las administraciones gallega y estatal. Por la sanidad, por la financiación, la industria, la energía... y una vez más, también por los recursos para empleo. Con la falta de criterios claros para la distribución por comunidades de los fondos Next Generation como telón de fondo, el detonante este miércoles fue la conferencia sectorial que presidió Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, que abordó la distribución de 687,75 millones de euros, y dónde, además de Galicia, mostraron su malestar Andalucía, Murcia, Madrid y Castilla y León.

La conselleira de Emprego, María Jesús Lorenzana, rechazó la “rigidez” en el reparto de fondos de recuperación y la “ingerencia muy grande” en las competencias de las comunidades. “Nos preocupa seriamente porque va a influir negativamente en la recuperación y en las cifras de empleo”, subrayó en declaraciones a los periodistas al término del encuentro.

Señaló que es lo mismo que ocurrió con el Ministerio de Educación. Tratan a las comunidades “como meras ejecutoras” de las líneas de subvención “elegidas de forma unilateral” por los departamentos del Ejecutivo central.

De hecho, apunta a un comunicado conjunto de los consejeros de de Galicia, Andalucía, Madrid, Castilla y León y Murcia en el que mostraron “su rechazo a esta invasión de competencias”, al hablar de una participación “puramente testimonial”.

La consellería indicó en un comunicado que reprueba “que se impongan los destinos funcionales de los fondos sin incorporar recursos financieros suficientes para desplegarlos en tiempo y forma”. Añade que los responsables autonómicos denuncian “opacidad” en la distribución “ya que solo se conoce que de los 70.000 millones que recibirá España, 19.000 irán a parar a las comunidades, sin que se dé a conocer los criterios con los que van a asignar los 52.000 restantes, que suponen casi tres de cada cuatro de la totalidad”.

Lamenta Lorenzana que se traslade a las autonomías “toda la responsabilidad del éxito de las medidas sin que pudiesen participar en su diseño, ya que simplemente estuvieron presentes en algunas reuniones informativas previas”. La fórmula utilizada “incorpora una elevado riesgo de no poder ser puestas en práctica”, añade, “además de no cumplir con los objetivos buscados de mejorar la empleabilidad y la productividad de las empresas”.

El comunicado termina lamentando el comportamiento de ambos ministerios en las correspondientes conferencias sectoriales de empleo y formación profesional para el empleo, prueba de que el actual Gobierno no respeta “la distribución competencial del estado de las autonomías”.

Cercanía y conocimiento

En su comparecencia ante los medios de comunicación, Lorenzana se ha mostrado “seriamente preocupada” al observar “una vez más” unos criterios “rígidos” y que el Ministerio de Trabajo “además se queda para sí, para repartir y ejecutar directamente, un elevadísimo porcentaje de estos fondos, con lo cual está incidiendo en las competencias exclusivas de las comunidades en las políticas activas de empleo”.

“Somos las que mejor conocemos nuestros tejidos productivos, las necesidades de nuestras empresas y autónomos y las que más rápido y con agilidad somos capaces de repartir estos fondos y hacerlos llegar al tejido productivo”, ha reivindicado.

En cuanto a formación para el empleo, ha atribuido a la ministra “un alejamiento” del tejido empresarial “porque, en la nueva propuesta de anteproyecto de ley orgánica de formación profesional, la formación profesional para el empleo desaparece, queda absorbida por la formación profesional de naturaleza educativa”.

Con ello, según advierte, “se pierde la necesidad que tienen empresas y trabajadores y parados de tener una formación profesional ágil, adaptada a sus necesidades, que redunde en una mejora de la empleabilidad de todos los ciudadanos y de una mejora en las cifras de empleo”.

Así, ha cargado asimismo contra la “descoordinación absoluta entre los ministerios, como ya sucedió con el reparto de las ayudas directas a autónomos y empresas”