Pesimismo en la flota gallega después de un mes del veto a la pesca de fondo

E l sector pesquero gallego todavía está tratando de adaptarse a la nueva situación impuesta tras la entrada en vigor el pasado 9 de octubre del reglamento europeo que veta la pesca de fondo en 87 caladeros del Océano Atlántico, lo que ha supuesto una caída de las capturas y ha hecho que se instale una sensación de “pesimismo” de cara al futuro.

Asociaciones del sector en Galicia han mostrado su preocupación sobre la subsistencia de las empresas debido a que muchos barcos han tenido que buscar otros caladeros donde pescar. No obstante, en la mayoría de las ocasiones no obtienen allí los mismos resultados que en sus zonas tradicionales de trabajo.

Así, el presidente de la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo (ARVI), Javier Touza, ha lamentado cómo esta nueva legislación supondrá una reducción “importante” de la rentabilidad de las compañías, por lo que ha augurado que si esta situación no se soluciona “pronto” podría acabar en una reducción de la flota gallega con el desguace de barcos.

Hasta ahora, ha subrayado que la Cooperativa trata de analizar las consecuencias que ha supuesto la ley en este mes que lleva vigente, mostrando su preocupación por la caída de las capturas, aunque ha reconocido que el mal tiempo vivido en las últimas semanas hace “difícil” diferenciar a qué factor se debe el bajón en las toneladas pescadas.

Pese a ello, ha explicado que las zonas vetadas en algunas ocasiones eran utilizadas por ciertos barcos para pescar durante el invierno especies rentables que no tienen cuota, como es la pota.

“Algunas empresas habían visto ahí una buena rentabilidad, porque los volúmenes de producción eran buenos, los precios eran buenos y era una forma de diversificar capturas porque no hay cuota, se permite pescar lo que se pueda, siempre con ciertas limitaciones de tamaño. Tener estas opciones era un alivio importante. El no poder disponer de este recurso es una muy mala noticia”, criticó Touza.

El presidente de ARVI ha añadido que las empresas están tratando de hacer reajustes y de buscar otros calderos, esperando que en la campaña de Navidad los precios se incrementen y sirva para aumentar la rentabilidad.

Pese a no tener constancia de que haya habido por el momento incidentes entre buques por las zonas de pesca, sí ha reconocido que muchos barcos tienen que esperar a que otros compañeros salgan de ciertos lugares para poder ellos operar más tarde, lo que incrementa el gasto de combustible y los costes en general.

ochenta MILLONES DE euros menos de facturación En la misma línea, el presidente de la Alianza Europea de Pesca de Fondo, Iván López, confirmó que se están registrando caídas en las capturas debido a que los barcos están buscando nuevas zonas donde pescar. Pese a no disponer de cifras exactas, calcula que en Galicia esta medida tendrá un impacto anual de unos 80 millones de euros menos de facturación.

Por su parte, el presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, Basilio Otero, ha situado la caída de las descargas procedentes de la pesca de palangre en un 50 % en este mes desde la entrada en vigor del veto, con pérdidas superiores.

Pese a reconocer que el mal tiempo registrado podría también haber afectado a las capturas, Otero indicó que los temporales afectan a ciertos barcos concretos, pero la bajada fue generalizada, achacándola al veto.

vuelven a pedir al GOBIERNO que presente lo antes posible el recurso Otro de los temas en los que el sector pesquero gallego coincide es en la necesidad de que el Gobierno presente “ya” el recurso ante Bruselas. Pese a que fue anunciado por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, hace cerca de un mes, todavía no ha sido presentado, por lo que ya llega “tarde”.

Ante la situación de insostenibilidad de las empresas, Touza y López han mostrado su esperanza con que este recurso también lleve aparejado una petición de medida cautelar de suspensión de aplicación del veto, aunque el Ejecutivo ha indicado que en principio esto no ocurrirá.

Asimismo, Otero reconoció que no espera que lleguen esas medidas cautelares porque son “muy difíciles” y tendría que pedirlas un juez al observar un “delito claro”. Desde la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores calculan que el recurso se resolverá en unos tres años y medio, tiempo en el que se “podrá quedar mucha gente en el camino”.