Se recrudece la guerra de las baterías: Galicia no se rinde a la planta catalana

En el hidrógeno La Moncloa parece primar a País Vasco, y en la fabricación de baterías para el vehículo eléctrico, a Cataluña, lo que ha puesto en pie de guerra a los sectores productivos y gobiernos del resto de comunidades. Porque Galicia no se rinde, y más allá de las críticas por la predilección mostrada por unas u otras iniciativas, el Consorcio de la Zona Franca de Vigo presentó ayer la manifestación de interés enviada al Gobierno para el proyecto de una planta esencial para el desarrollo del automóvil eléctrico, que incluye también laboratorios de tecnologías de propulsión limpia. Una iniciativa que creen “compatible” con otras que se desarrollen en España.

No es un proyecto menor. Esta factoría olívica tendría una capacidad de producción de unas 300.000 baterías eléctricas en su fase final, 35.000 en la inicial, y supondría una inversión de 151,7 millones de euros. Una iniciativa que se incluye dentro del marco de los fondos europeos Next Generation y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y en cuya presentación participaron la directora de Innovación del Centro Tecnolóxico da Automoción de Galicia (CTAG), Ana Paúl; el delegado del Estado en la Zona Franca, David Regades; el alcalde de Vigo, Abel Caballero; y la presidenta de la Diputación, Carmela Silva. Mucho peso pesado socialista el día después de las duras críticas de la Xunta ante la supuesta predilección del Gobierno de Pedro Sánchez por la iniciativa catalana ligada a Seat.

En la presentación del martes se detalló que la creación de empleo en la futura factoría viguesa tendría dos fases. En la primera serían 100 empleos directos y 1.000 indirectos, y en la segunda, con la fábrica a pleno rendimiento, más de 800 empleos directos y 8.000 indirectos. Uno de los puntos fuertes son los laboratorios de tecnologías de propulsión limpia asociados. Uno de ellos integrado en el proyecto y otros cuatro de apoyo liderados por CTAG.

Esta iniciativa vincula además a la iniciativa pública, de la Zona Franca al concello vigués pasando por la Deputación de Pontevedra y el Ministerio de Industria –no aparece la Xunta–, la Uvigo o EnergyLab, y a empresas que van de Iberdrola a Urovesa, Castrosúa, UNVI, Grupo Marsans, GKN Automotive, ZGR, Little, Delta Vigo, Master Battery, Cegasa, Grant Thornton o Seganosa, entre una veintena de empresas.

Falta Stellantis, antaño PSA

No figura el grupo automovilístico Stellantis, resultante de la fusión de PSA y de Fiat Chrysler, cabeza tractora del sector gallego. Un portavoz de su fábrica viguesa indicó a Efe que “por lo que conocemos, esta iniciativa está en una fase embrionaria”, alegaban, por lo que estaban a la espera de ver cómo encaja esta iniciativa con su estrategia.

En 2020, el grupo PSA y Total Saft habían sellado una alianza para la producción de pilas de baterías (Automotive Cells Company), proyecto que cuenta con el apoyo de los gobiernos francés y alemán, ya que la producción se realizará en Douvrain (Francia) y en Kaiserslautern (Alemania).

Desde Stellantis señalaban ayer que “la planta de Vigo sigue en su lucha continua por mejorar su productividad”, ya que “la proporción de vehículos eléctricos va a seguir creciendo y, por tanto, se hace cada vez más importante el coste de las baterías y su logística”.

Por su parte Regades, Caballero, Carmela Silva y, desde el mundo del motor, también Ana Paúl coincidieron en que, como una de las mecas de la automoción de España, para Vigo la movilidad eléctrica debe ser prioritaria. Creen, al igual que Asime, que cabe la olívica, la de Barcelona e incluso otras como la de Badajoz-Valdeflórez, con una producción estimada de 200.000 baterías al año. Con una no llegará y hay que asegurar un suministro “equilibrado en el territorio peninsular”. La patronal metalúrgica trasladó su firme apoyo al proyecto olívico, que se instalaría en Salvaterra, en la Plisan, y que a sus ojos es una “candidatura sólida y viable”.

A raíz del anuncio por parte del Gobierno de que se apoyará un proyecto de este tipo en la planta de Martorell, desde Asime insisten en que “una sola planta no será suficiente, la de Galicia fortalecería toda la cadena de valor de un sector estratégico para la economía”.

Desde la patronal del metal inciden en los especiales condicionantes favorables con los que cuenta Galicia: “Estamos ante una industria con gran músculo, que cuenta con más de 200 empresas de automoción entre fabricantes e industria auxiliar. Además, tenemos uno de los mayores yacimientos de litio en la frontera con Portugal y la fábrica de Stellantis, que es el primer constructor de coches del país por producción y empleo”, alegaban.

“No se entendería que el Gobierno no considere iniciativas como esta, que vienen respaldadas por una industria fuerte con gran experiencia en el ámbito de la electrificación y que está ya, a diferencia de otros territorios, produciéndolos en mayor volumen en sus plantas”, añaden.

Desde Asime confían en “el diálogo estrecho con las administraciones para conseguir entre todos movilizar el mayor volumen de fondos para la industria dentro de proyectos estratégicos que sirvan para tirar del tejido productivo del conjunto de España en beneficio de nuestra economía”.

Duras críticas de la patronal gallega

La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) emitían en cambio un comunicado en el que solicitaba al Ejecutivo reconsiderar la decisión de ubicar en Martorell (Barcelona) la primera planta de barerías para la automoción en España, permitiendo a todas las autonomías competir en igualdad de condiciones por este proyecto.

Es un “cambio de las reglas del juego inasumible”, pues por un lado se comprometen con un proyecto “antes de la propia convocatoria de ayudas del programa Next Generation” y por otro “sin estar fijados aún los criterios para definirlos”.

La CEG recuerda en un comunicado que una de las áreas más competitivas de Europa en el sector de la automoción está en Vigo, que alberga la fábrica de automoción más productiva de España y que ya monta coches eléctricos. En este sentido, a través de la fábrica de Stellantis –antes PSA Vigo– y sus componentes “Galicia tendría una candidatura muy solvente para optar a un proyecto de estas características”.