Solo 557 empresas tendrán que auditar su igualdad salarial

Entra en vigor el decreto para el registro de los sueldos para aflorar las brechas // Aunque se debe aplicar en todas, este año la vigilancia se centrará sobre las de más de cien empleados // En 2022 le tocará a 833 con entre 50 y 100 en plantilla en Galicia
Desigualdad de la mujer
José Calviño
Varias trabajadoras atienden a una residente de la vivienda comunitaria de Xacebáns, en Quintela de Leirado, Ourense. Foto: Brais Lorenzo/Efe

Desde este miércoles todas las empresas estarán obligadas a contar con un registro de los salarios de toda su plantilla, incluido el personal directivo y los altos cargos, debido a la entrada en vigor del Real Decreto de igualdad retributiva entre mujeres y hombres. También afectará al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas, pero con las peculiaridades establecidas en su legislación específica.

Esta norma busca acabar con toda posibilidad de discriminación por razón de sexo en las remuneraciones, desarrollando el artículo 28.2 del Estatuto de los Trabajadores. Se exige a los empresarios, todos, independientemente del tamaño de la sociedad, “llevar un registro con los valores medios de los salarios, los complementos y percepciones extrasalariales de la plantilla, desagregados por sexo y distribuidos por grupos profesionales, categorías profesionales o puestos de trabajo iguales o de igual valor”.

Es así, aunque desde la CIG su secretaria das Mulleres, Marga Corral, apuntaba que la vigilancia, el someterse a una “auditoría salarial” sólo afectará a empresas de más de 100 personas en plantilla. Acudimos al IGE, cuyos datos nos confirman que estamos hablando de solo 557 compañías con datos de 2019, de ellas 395 con entre 100 y 249 asalariados, y las otras 162 las únicas que superaban 250.

Las que tienen entre 50 y 100 empleados (unas 833) lo tendrán que realizar antes del 7 de marzo de 2022. Según Corral, “o certo é que esta obriga foi introducida hai máis de dous anos no Estatuto das e dos traballadores na modificación recollida no RD 6/2019, de 1 de marzo. Cómpre lembrar que transcorreron 14 anos desde que se regulara a obrigatoriedade de implantar plans e medidas de igualdade nas empresas”.

¿Qué ocurrió en todo este tiempo? “Tanto as empresas como a administración fixeron caso omiso desta obriga, e o goberno non activou aínda ningún mecanismo ou ferramenta que garanta nin realice un seguimento do cumprimento da norma”.

Desde CCOO la Secretaria de Muller e Igualdade, Mamen Sabio, cree en cambio que “será unha potente ferramenta para seguir avanzando na igualdade real efectiva entre mulleres e homes. Agora que temos a norma, é compromiso de toda a sociedade executala. Desde CCOO contamos co compromiso e formación das nosas delegadas e delegados sindicais para desenvolvela en todas as empresas, administracións públicas e centros de traballo”.

Para Trinidad Campos, secretaria de Igualdade de UGT, aunque en “Galicia, así como no resto de España e da UE, é ilegal que dúas persoas que realizan traballos de igual valor cobren distinto”, la verdad es que una mujejer cobra hoy lo mismo que un hombre en 2007. Se le borra más de la quinta parte de la mensualidad en promedio.

Campos alega que “supoñendo que fóramos recortando a brecha medio punto cada ano, como figura nos últimos rexistros, necesitaríanse 43 anos para eliminala”. Pero el sindicato considera que si se aplica el nuevo reglamento por la igualdad retributiva que acaba de entrar en vigor y es fruto del diálogo social, “poderiamos estar próximos a reducir e eliminar as fendas salariais que reflicten a discriminación que sofren historicamente as mulleres”.

Por último, desde la patronal gallega apuntaban que el registro salarial como tal ya existía, “lo que entra en vigor ahora es una nueva configuración que profundiza en un mayor desarrollo y detalle del mismo, en virtud del Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres”. Esto se traduce, explican, en que la implantación de las actuaciones propuestas, “y debido a la mayor complejidad de la norma”, pasan por un mayor esfuerzo para las empresas “a la hora de adaptarse a dichas obligaciones, un esfuerzo que se suma a una situación tremendamente complicada debido a los desafíos planteados por la coyuntura actual derivada de la pandemia”.

En este sentido la CEG valora positivamente “todas las herramientas que se pongan a disposición de las empresas para tratar de facilitar este cumplimiento normativo”. La propia patronal gallega ofrece asistencia a empresas y asociaciones empresariales en este sentido. “Como no podía ser de otra manera, la patronal gallega apoya el objetivo de trabajar activamente para la desaparición de todo tipo de desigualdades”, concluyen.