Un año después la DEA continúa sin aportar datos sobre media tonelada de coca que se incautó en Ribadeo

“Cada agencia trabaja de forma distinta y quizás la DEA tiene un concepto de operación encubierta algo diferente a lo que se piensa en nuestro país. En España una operación encubierta, o con la presencia de agentes encubiertos, tiene que ser autorizada por el juez y el fiscal”.

Esta reflexión realizada desde la Audiencia Nacional para explicar las vicisitudes que corren dos operaciones de narcotráfico en la que la DEA, junto a agentes antidroga gallegos, llevaron a cabo y que actualmente se encuentran pendientes de juicio en ese tribunal. Nos referimos al operativo denominado Terrón Dulce, en el que en marzo de 2017 se localizaron más de 2.500 kilos de cocaína al clan de los Boyacos en Padrón y Vigo, y la Dinastía en la que fue más de media tonelada que recogió el grupo del arousano Gerardo Rial Iglesias hace justo un año.

Las cursivas negritas (localizaron y recogió) se justifican ya que en ambos casos se trataba de alijos de droga que trajeron a España, con autorización judicial, agentes de la DEA para realizar una entrega encubierta que permitiera la detención de ciudadanos que estaban siendo investigados por la Policía Nacional, en un caso, y por la Guardia Civil en el segundo.

Si la resolución policial de ambos golpes al narcotráfico fue calificada de rotundo éxito la judicial lleva un recorrido bien distinto habida cuenta de las dudas legales que surgen con las actuaciones de la DEA, sobre todo después de alguna sentencia del Tribunal Supremo sobre operativos de similares características.

Este jueves se cumple un año de una de las operaciones cuestionadas. Era el 28 de octubre de 2020 cuando Gerardo Rial Iglesias y su lugarteniente José Ángel Rodríguez Oubiña junto a otros dos arousanos y dos ciudadanos serbios miembros del clan de los Balcanes, cuyas identidades responden a las iniciales P.P., de 36 años, y N.D., de 37, fueron apresados en Ribadeo cuando se disponían a recepcionar 560 kilos de cocaína, la primera parte de un jugoso envío que iban a distribuir por toda Europa.

A los cuatro gallegos los pillaron en el interior del chalé mientras que los serbios ni siquiera llegaron a la cita, los agentes les apresaron en la rotonda de acceso a la vivienda. En el operativo participaron miembros de los equipos antidroga de la Guardia Civil y agentes de la DEA, algo inusual y que llamó mucho la atención: normalmente los norteamericanos se encargan de avisar y facilitar información privilegiada pero en esa ocasión quisieron estar in situ tanto en las detenciones como en el recuento de la droga,

La razón la desveló en exclusiva EL CORREO GALLEGO el 21 de noviembre. Agentes encubiertos habían contac tado con los narcos y pactado la entrega de cocaína que unos días antes llegó a España en un avión custodiada por efectivos de la conocida agencia antidroga de Estados Unidos. Los 560 kilos aterrizaron en la base de Torrejón y fueron custodiados por números de la Guardia Civil hasta el momento en que se efectuara el simulacro de intercambio. Todo ello de forma legal: tanto la jueza María Tardón, titular del Juzgado Central de Instrucción como la Fiscalía había autorizado la operación.

Nada que objetar, ya que la legislación española permite este tipo de situaciones cuando se trata de localizar a personajes importantes: tanto la DEA como la Guardia civil tenían el convencimiento de que a la cita no acudiría Gerardo Rial Iglesias sino que estaría acompañado de una “pieza de caza mayor” que lleva años en el punto de mira tanto de los estadounidenses como de la policía de nuestro país.

Los seis detenidos ingresaron en la prisión de A Lama el 31 de octubre y un mes después se les trasladó al penal de Topas donde siguen encarcelados cuando está a punto de cumplirse un año como preventivos. La jueza magistrada en el auto de ingreso en la cárcel señalaba a Gerardo Rial como el cabecilla de la organización, le acusaba de un delito contra la salud pública sobre sustancias que causan grave daño a la salud y señalaba que “a lo largo de la investigación documentar cómo ha dirigido el traslado y posterior recepción de una cantidad de cocaína de notoria importancia”.

De acuerdo con el sumario la operación se inicia cuando agentes del ECO Galicia, que llevaban tiempo investigando a Rial, reciben un mail de la DEA en el que se da cuenta de que en un operativo con agentes encubiertos incautaron en el Océano Pacífico 560 kilos de cocaína asegurando que el destinatario de la droga en España podría ser el grupo de Gerardo Rial Iglesias.

Añadía, además con todo lujo de detalles, que “había organizado el cargamento de la remesa de cocaína en un país sudamericano y su recepción en Galicia “apoyado por una organización de Serbia”.

Al mismo tiempo señalaba a sus colegas que la droga estaba en las oficinas de la DEA en Miami “bajo la tutela de la Fiscalía de Florida” y que autorizaban el traslado a España para una entrega controlada y poder pillar con las manos en la masa a los miembros de las dos bandas.

Tanto la magistrada como el fiscal dieron el OK a estos movimientos de acuerdo con la legislación española que permite este tipo de actuaciones aplicando criterios muy estrictos que, en ocasiones, la propia DEA bordea, como reconocen fuentes judiciales.

Lo cierto es que cuando va a cumplirse un año del operativo, y con todos los detenidos en prisión provisional, el proceso permanece encallado a la espera de que desde la oficinas de la DEA en Florida respondan a la comisión rogatoria enviada desde la Audiencia Nacional, a instancias de la propia fiscalía, según confirmaron a EL CORREO las defensas de los acusados gallegos.

En el auto de la magistrada se reclama el procedimiento abierto por la agencia norteamericana sobre dónde se incautó la droga, el barco que la llevaba, a quién pertenecía, de dónde provenía y cuál era su destino; habida cuenta de que la incautación, de acuerdo con la información facilitada por los agentes USA, se produjo en el Pacífico pero sin aportar más información.

La jueza, además, en el escrito enviado a la DEA pretende que incluyan la copia de la Fiscalía de Florida autorizando el envío de la más de media tonelada de cocaína a España en un avión de agencia antidroga de Estados Unidos.