Un juez de Pontevedra da un mes más para reclamar el impuesto de plusvalía

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Pontevedra emitió el pasado 10 de mayo una sentencia pionera en Galicia en la que resuelve que las impugnaciones del impuesto de plusvalía, declarado nulo por el Tribunal Constitucional (TC) en octubre de 2021, son válidas si se realizaron con anterioridad a la fecha de publicación de su resolución en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El magistrado, por tanto, decretó que los cobros del impuesto que hayan sido impugnados hasta el 25 de noviembre de 2021 –y no el 26 de octubre, día de la firma de la sentencia del TC– pueden ser revisados.

El juez, Francisco de Cominges Cáceres, analiza en el fallo el recurso planteado por el dueño de un ático de Moaña que impugnó el cobro de 2.111 euros de plusvalía el 5 de noviembre de 2021, es decir, semanas antes de la publicación de la sentencia en el BOE. Así pues, declaró la nulidad del impuesto y condenó al Tesorero del Organismo Autónomo de Recursos Locales de la Diputación Provincial de Pontevedra (ORAL) a devolverle la cantidad abonada.

Según indica en el fallo, de la documentación obrante en el expediente administrativo, “se constata que el recurrente había adquirido el inmueble, por compraventa, el 27 de diciembre de 2005, por el precio de 120.223 euros, y que lo vendió el 10 de mayo de 2021 por 180.000 euros”.

En este contexto, el titular del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Pontevedra explica que la declaración de nulidad de la sentencia del Tribunal Constitucional conlleva, en principio, que todas las liquidaciones del tributo, por devengos anteriores al 10 de noviembre de 2021, deban declararse nulas de pleno derecho.

No obstante, el TC le atribuye la condición de “situación consolidada”, es decir, no revisable, a todas las liquidaciones que hubiesen llegado a ser firmes, bien por no haber sido impugnadas en el plazo o bien porque hubieran sido confirmadas judicialmente mediante sentencia firme.

En el caso concreto de la venta del piso de Moaña, destaca el juez, no es aplicable este supuesto, pues la liquidación fue impugnada en plazo por el afectado, quien presentó un recurso de reposición.

Asimismo, el TC estableció un segundo supuesto de “situación consolidada”, aplicable a las liquidaciones que, pese a carecer de firmeza, no hubiesen sido impugnadas “a la fecha de dictarse la sentencia”. El titular del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Pontevedra entiende que esa fecha se refiere a la de la publicación de la sentencia en el BOE (25 de noviembre de 2021), no a la de firma de la resolución (26 de octubre de 2021). Así, dice, el fallo del TC no puede entrar en vigor “antes de adquirir efectos generales mediante su publicación en el BOE”.

El magistrado también rechaza imponer el pago de costas a la administración debido a “las dudas interpretativas razonables que genera esta última cuestión”, puesto que destaca que “no existe todavía jurisprudencia que se pronuncie al respecto”.

Por esta razón, el juez considera que concurriría “interés casacional” en la impugnación directa de la sentencia en casación ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Supremo, “a fin de que clarifique la fecha de efectos de la referida restricción”, pues afecta “a un gran número de situaciones, pudiendo resultar gravemente dañosa para los intereses generales”.