Certificado y vacunación

LA PRESENTACIÓN DEL PASAPORTE VID –el certificado de vacunación, recuperación o prueba diagnóstica negativa– es desde este fin de semana requisito imprescindible en Galicia para los mayores de doce años que quieran entrar en resturantes o bares, aunque en estos solo a partir de las nueve de la noche. Galicia ha optado por aplicar esta medida, que ya funcionaba en el ocio nocturno y en el acceso a los hospitales y albergues de peregrinos, en medio del debate sobre la necesidad de una directriz estatal que libere a los gobiernos autonómicos de la incertidumbre judicial que supone la exigencia del documento como medida para frenar la expansión del virus, ahora que estamos en un nuevo contrataque pandémico. Se trataría, como han pedido varios presidentes –Feijóo ha sido de los primeros– de habilitar una herramienta legal que evite que las decisiones que se toman a nivel autonómico quedan al albedrío de los jueces. Sucedió en Galicia con el rechazo del TSXG, el pasado mes de agosto, a la exigencia del pasaporte en la hostelería al considerar que la medida no era “idónea ni necesaria”. Aunque más tarde el Supremo dio la razón a la Xunta, enmendó al alto tribunal gallego y estableció que el beneficio “respecto de la reducción significativa de los contagios, es muy superior al sacrificio que comporta la exigencia de presentar la documentación para el acceso al local”. El Supremo deberá ahora pronunciarse también sobre el ‘no’ del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco al intento de Ejecutivo de Urkullu de pedir el certificado en la entrada de pubs y discotecas y restaurantes de más de 50 comensales. Cataluña, Aragón, Navarra, Baleares, sin embargo, no han tenido problema. Otra autonomías están pendientes todavía del aval judicial. De manera que España encara el puente de la Constitución y las fiestas navideñas con una ‘ensalada’ de normas sobre esta cuestión. No parece descabellado pedir cierta uniformidad. Tampoco lo es poner ahora una restricción que, aunque puede complicar el trabajo de la hostelería, ayude a evitar males mayores o, desde otra óptica, suponga un acicate a quienes de manera egoista todavía se resisten a ponerse la vacuna. No hay que olvidar que, según los datos de la Dirección Xeral de Saúde Pública, el 65 por ciento de las personas ingresadas en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales gallegos desde el 30 de octubre no estaban vacunados. ¿Atenta contra las libertades y lo derechos individuales el certificado? La normalidad, aunque no nos guste, tiene un coste. Y el bien colectivo ha de prevalecer, aunque algunos aún no lo tengan claro.