Una actuación judicial que interfirió en la democracia

la historia judicIal que rodea a la Operación Pokemon tiene tintes de película de serie B, una mezcla de ciencia ficción y terror cincuentero más bien cutre. Nada que objetar para un domingo de sofá y manta si no estuviera basada en hechos reales. Una macrocausa que fue engordando con el paso de los años y que finalmente involucraba a media España, o casi. Cuantos más folios se sumaban a la peculiar instrucción de Pilar de Lara, que siempre estuvo en el centro de la polémica, más claro teníamos todos que el tinglado judicial estaba teledirigido a una carretera sin rumbo que acababa en un precipicio. Y por ese acantilado iban cayendo uno detrás de otro políticos y profesionales que tuvieron la mala suerte de cruzarse en el camino de esta jueza que no respetaba, dicho por sus propios colegas en sentencias, ni los principios más básicos del Derecho. Imputaba durante años sin que los afectados tuviesen acceso tan siquiera a lo que se les atribuía, o a que pudieran defenderse en sede judicial. El problema no es ya que haya destrozado la carrera de muchas personas, algo sumamente grave por sí mismo. Es que además ha interferido decisivamente en gobiernos municipales, cambiando directa o indirectamente lo que los ciudadanos habían decidido en democráticas elecciones. El exalcalde de Santiago Conde Roa es uno de los grandes perjudicados, pero ni mucho menos el único. ¿Quién repone ahora lo que esta jueza ha descuartizado? Las sucesivas sentencias que desmoronan el castillo de naipes de la jueza Pilar de Lara deberían estudiarse en las facultades, por la contundencia con que critican su instrucción. Algo deberíamos aprender de esta desgracia jurídica y democrática.

Beatriz Castro. Periodista