Acuerdo político cuestionable
EL último Pleno del Congreso de los Diputados, con algunas intervenciones, realmente aceptables, ha venido a poner de relieve, no obstante, que este país se halla necesitado de un gran pacto entre los principales partidos políticos que ponga remedio a la gravísima situación creada, primero, con la desgraciada pandemia del coronavirus, cuyos efectos se mantienen aún en proporción realmente preocupante, y, en segundo término, al deterioro político, social y, singularmente, económico que la misma ha traído consigo.
Ante una situación tan excepcional como la que está pasando este país viene a resultar, realmente, cuestionable que se llegue a acuerdos políticos con partidos que no destacan, precisamente, por su interés y ayuda a los problemas de toda la ciudadanía española y que sí, en cambio, vienen pretendiendo, desde que se produjo la transición de la dictadura a la democracia, sembrar el separatismo entre los españoles, a lo que, desgraciadamente, contribuye alguna desafortunada expresión utilizadas en un acto público por el propio presidente del Gobierno español.
Cuando se tienen que abordar los perniciosos efectos de una crisis económica y social de dimensión universal dentro de un país que se halla a la cola en el marco del continente europeo y cuando, internamente, hay tantos problemas de incuestionable calado a nivel nacional –autogobierno del Poder judicial, Tribunal Constitucional, conformación del Estado de las Autonomías, endeudamiento público y gran escalada en el nivel de pobreza ciudadana– llama poderosamente la atención que el partido socialista que rige, en este momento, el Gobierno de España se alíe con otro minoritario y marcadamente separatista, sin la adhesión de otros significativamente relevantes dentro del arco parlamentario, para abordar, a esta altura del tiempo transcurrido, la alteración del consenso político y ciudadano logrado tras la transición de la dictadura a la democracia y, precisamente, durante los primeros años de ese cambio político trascendental en la historia de España.
El cambio político operado en este país, tras la muerte de Franco, ciertamente, ¡qué duda cabe!, pudo adolecer de defectos e imperfecciones, pero el asentimiento muy generalizado que mereció la Constitución del año 1978, incluso en partes de la nación con marcada aspiración independentista, parece que debiera erigirse en argumento de innegable consistencia para no remover el pasado con manifiesto interés de pretender borrar o, cuando menos, desdibujar la actuación de determinados grupos nacionalistas que no supieron responder a la exigencias del Estado de Derecho, social y democrático, que instauró la Constitución del año 1978.
Que el buen sentido y la sensatez se impongan, evitando que proyectos legislativos, como el de referencia, no alcancen la finalidad que, algunos, torticeramente pretenden.