Constructoras y corrupción
LAS empresas públicas desde hace tres años introducen cláusulas en los concursos de adjudicación de obra para asegurar que se puede excluir de la licitación o rescindir contratos a las sociedades que se demuestre que han cometido prácticas corruptas o fraudulentas. Sin embargo, las constructoras en lugar de estar contentas por actuar contra la corrupción recurren las licitaciones con este tipo de cláusulas por considerarlas ¨abusivas¨. De esta manera hacen una especie de chantaje a las empresas públicas dado que los recursos retrasan la licitación de las obras en un momento que se tiene la oportunidad de aplicar los recursos económicos de las ayudas Next Generation de la Unión Europea y por ello necesitan la agilización de todos los trámites para que puedan ser ejecutados antes de la fecha límite.
La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) puso una multa de 203,6 millones a las seis principales constructoras del país, Acciona, Dragados, FCC, Ferrovial, OHLA y Sacyr por haber concertado durante 25 años la edificación de infraestructuras como hospitales, aeropuertos, carreteras y edificios públicos. Anteriormente la CNMC había impuesto otras multas por las mismas razones, algunas de las cuales están recurridas ante la Audiencia Nacional.
En las últimas décadas, desgraciadamente, la corrupción ha sido una constante de la vida política casi siempre ligada al urbanismo y a la construcción. De la misma manera que exigimos transparencia y limpieza a los políticos deberíamos exigir la misma transparencia y limpieza a las constructoras y directivos. Estos no se pueden amparar en que hacen una actividad privada para no responder. No es de recibo que la Confederación Nacional de la Construcción, que es la patronal de las constructoras, recurra contra las cláusulas dirigidas a luchar contra el fraude y la corrupción.
Varios de los directivos de las constructoras son también directivos de equipos deportivos, como el fútbol. En las ruedas de prensa para presentar a un fichaje no estaría de más que se preguntase si su empresa ha concertado precios y si está de acuerdo con recurrir las cláusulas antifraude.
De la misma manera que cuando se ponen en evidencia prácticas corruptas de un político se le pide la dimisión, se debería exigir a las empresas una actuación similar.
Los recursos se han realizado ante la Audiencia Nacional. Dado el poder de las constructoras sería conveniente apoyar a los magistrados, ya que no sería extraño que tuviesen grandes presiones, y los jueces, como todos los humanos, tienen sus limitaciones.