Consumidores sin derechos
HACIENDO abstracción del consustancial derecho de todo ciudadano al voto, que hasta ahí podríamos llegar, la verdadera calidad democrática de un país se mide por la efectividad resolutiva en el discurrir de esas menudencias administrativas o contractuales que cada día van saliendo a nuestro paso y que sólo en casos de absoluto escándalo merecen, como denuncia, los honores de un extraordinario tratamiento informativo.
Sucede con la desnortada burocracia capaz de cargarse el espíritu y la letra de toda norma que se pretenda de derechos para el ciudadano y sucede, más reiterativamente, con los numerosos incumplimientos por parte de las grandes compañías prestadoras de los elementales servicios de luz, agua o telefonía en base a los acuerdos contractuales a que han llegado con sus clientes, tantas veces forzados por prácticas monopolísticas aún no desterradas del todo.
Con merecerlo por reiteración, gravedad e indolencia, la asfixia burocrática en la que nos movemos a la hora de realizar cualquier trámite oficial no es hoy, como debiera, el objeto de esta reflexión. Tema que deberá posponerse para próxima ocasión por más que el propio Consejo de la Unión haya hecho severas observaciones a España sobre tan nefastas prácticas administrativas para la ciudadanía.
La crónica de hoy quiere centrarse ese tan indolente como repetitivo incumplimiento en la oferta de servicios básicos –reiteración acaso retroalimentada precisamente por la impunidad en que se mueve toda informalidad– y cuya reclamación es un infructuoso brindis al sol o, todo lo más, un inútil desahogo en ese muro de las lamentaciones en que la política ha convertido, al negarle operatividad sancionadora, a todos los defensores y valedores del pueblo, estatal o autonómicos.
Que a estas alturas del siglo, en plena bonanza climatológica veraniega, los reiterados cortes en el suministro de luz eléctrica a varias aldeas del municipio de Lousame -ante la más palmaria impunidad de la compañía, que ni sabe ni contesta- merezcan la atención documentada de la cadena de televisión de ámbito estatal más destacada por la calidad de sus informativos debiera hacer pensar a asociaciones de consumidores, autoridades locales, autonómicas y hasta al propio Gobierno que, aseguran, cuenta con un Ministerio de Consumo.
Con los poderes públicos alardeando de las bondades de la implantación de la inteligencia artificial –con reclamación para esta tierra nuestra de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA)–, el dicen que masivo despliegue de la tecnología 5G y hasta, sin salir de Galicia, avanzados estudios de ciencias extraplanetarias, que ciudadanos gallegos no tengan la seguridad de conexión para un respirador que les da la vida en su sentido más literal, imposibiliten el teletrabajo o coarten cualquier sistema productivo que dependa de la electricidad en razón a los tan continuados como sorpresivos cortes en el suministro eléctrico nos conduce a ese idealizado país de las maravillas donde todo cuanto proclama la propaganda oficial choca con la realidad de cada día en la que una elemental exigencia de cumplimiento de lo firmado se convierte en pura entelequia.Y los poderes públicos, como el rey pasmado.