En defensa de Santiago

PESE a su elogiable voluntad de impedir que un vacío legal acabe por desvirtuar el orden convivencial y cívico que da sentido a una ciudad y que la irrupción de los pisos turísticos ha alterado de modo tan violento como intempestivo, no lo tiene fácil el Ayuntamiento compostelano en su decidido propósito de bucear en el galimatías jurídico que la aparición de esta modalidad de negocio ha puesto sobre el tapete, a caballo de las leyes estatales, las específicas de las 17 autonomías con hasta 43 normativas distintas en materia turística y las específicas ordenanzas de hasta 8.000 ayuntamientos entre las que escudriñar para encontrar la fórmula idónea que haga imperar el sentido común.

Fue la Comisión Nacional del Mercado de Valores, institución presuntamente defensora de la libertad de mercado pero desde hace tiempo con las orejeras de un ultraliberalismo económico que se cisca en toda consideración social, la que haciendo honor a su desnortado proceder en tantas materias dignas de un específico capítulo crítico, aventó la presunta legalidad de esta fórmula de pisos turísticos. Por fortuna, el Tribunal Supremo se encargó, a iniciativa del Ayuntamiento de Bilbao –Sentencia TS, recurso nº 5958/2019–, de desestimar las tres objeciones planteadas y que, en síntesis, legitima la decisión municipal de calificar las VUT (viviendas de uso turístico) como una actividad de equipamiento y no como residencial, avala la exigencia de un informe urbanístico para poder operar, al tiempo que ratifica la limitación a tres del número de habitaciones en viviendas particulares para uso turístico, ya que superar dicho número determinaría su consideración como establecimiento hotelero.

Ocurre que el descubierto maná de las VUT es suficientemente atractivo para que sus más conspicuos promotores agoten hasta el fin la larga tramitación jurídica que el fenómeno acarrea, acaso no tanto desde la convicción de estar en la razón cuanto por el más lucrativo propósito de agotar su rentabilidad hasta el extremo. Lo que equivale a decir que, también en el caso de Compostela, habrá ocasión de evidenciar una vez más cómo la Justicia, por lenta, casi siempre acaba siendo injusta.

Pero no será desde aquí desde donde deje de alentarse una batalla jurídica y legal cuya claudicación supondría la de toda una ciudad, con los tristes ejemplos de lo vivido en Venecia y en tantas otras ciudades históricas víctimas de la depravación especulativa.

Y no parece mala solución la apuntada por el Concello santiagués de adecuar la norma –vía PXOM u ordenanza municipal, según el debido requerimiento jurídico– para que los cada vez más escasos alquileres de estudiantes retornen a su plena actividad haciéndolos compatibles con esos dos meses de posible aprovechamiento como VUT. Supone poner freno a la especulación exógena en favor de los vecinos, gana el genuino tejido ciudadano, obliga a una importante mejora habitacional con su amplia deriva económica en tantos otros comercios de la ciudad, y, en fin y más importante, asegura la vitalidad cívica, lúdica y solidaria de una ciudad que se estima a sí misma y no está dispuesta a claudicar.