Irse a casa

EL presidente de la Xunta ha recomendado a los gallegos que se vayan a sus casas después de trabajar, a la vez que anuncia nuevas medidas restrictivas en la lucha contra la pandemia que incidirán especialmente sobre la hostelería.

Sin embargo, no se puede seguir trasladando a los ciudadanos la
responsabilidad que exclusivamente es de los poderes públicos, y tampoco parece proporcionado seguir limitando las posibilidades del ejercicio, cada vez más menguadas, de la libertad de empresa para los hosteleros.

La pandemia no sólo se está cobrando miles de vidas sino que está revelando la incapacidad de unos políticos a la hora de enfrentarse al más grave problema de salud pública que jamás podríamos haber imaginado.

Hay que actuar con decisión y firmeza como ha hecho el presidente de Castilla y León para adelantar el horario del toque de queda, que si bien se le puede objetar que no haya respetado los requisitos formales de procedimiento (comunicación previa a Sanidad y coordinación en el consejo interterritorial) sí que en el fondo la medida está perfectamente ajustada a la legalidad, tal como he explicado desde esta columna.

Ahora bien, la más grave responsabilidad corresponde al Gobierno de la nación, que no puede seguir mirando para otro lado por más tiempo y debe proceder a decretar la limitación estricta de la libertad de circulación de los ciudadanos.
El llamado confinamiento domiciliario es cierto que no está contemplado en el vigente decreto regulador del estado de alarma, pero la Disposición Final Primera contiene una habilitación general al Gobierno para que pueda modificar las medidas allí recogidas sin más trámite que su comunicación al Congreso de
los Diputados.

Están muy bien las recomendaciones desde las esferas del poder político. Pero ya no es tiempo de confiar solo en la buena disposición de los ciudadanos. Los poderes públicos tienen que cumplir con sus funciones. Hay que pasar de la recomendación a la obligación legal.