La internacionalización de la economía española
Uno de los retos a los que tiene que enfrentarse nuestra economía en estos momentos es el de su internacionalización, sobre todo a raíz de la crisis provocada por el coronavirus. Los efectos de esta última se han notado de forma acusada en las exportaciones, que, en el período de enero a mayo de este año, experimentaron un descenso del 17,2 % respecto del mismo período del año anterior, siendo los sectores con mayor contribución negativa los del automóvil (-5,4 puntos), bienes de equipo (-4,5 puntos) y manufacturas de consumo (-2,7 puntos).
En el caso concreto de las exportaciones a destinos comunitarios, que concentraron el 59,8 % del total, este descenso fue del 16,7 % interanual; y en el de las exportaciones a destinos extracomunitarios, que representaron a su vez el 40,2 % restante, del 17,1 % internanual. Entre las comunidades las que sufrieron mayores descensos interanuales fueron el País Vasco (-24, %), seguido de Galicia (-24,5 %) y Canarias (-22,9 %), con unas caídas, en el caso específico de Galicia, de -0,5% (automóvil), -44,7 % (manufacturas de consumo) y -4,0 % (alimentación, bebidas y tabaco).
En principio, dichos descensos, asociados a una coyuntura económica internacional influida por la propagación de la pandemia, durarán lo que dure esta, de tal forma que, una vez superada sería razonable pensar que las exportaciones podrán recuperar los niveles previos a esta propagación.
Ahora bien, ¿el objetivo a perseguir es la recuperación de estos niveles, o, más ambiciosamente, la superación de los mismos, mejorando los planteamientos existentes, desarrollando nuevas prioridades geográfico-sectoriales, asignando mayores recursos?.
Hay, a este respecto, diversos marcos de referencia a tener en cuenta, legislativos unos, políticos otros, sobre exportaciones en particular e internacionalización en general. Al analizar estos marcos de referencia, observo que hay un punto común a todos ellos, como es el reconocimiento compartido de que la internacionalización es “un motor clave del crecimiento a largo plazo de la economía española por su relación con la competitividad y los incrementos de productividad”; y, también, de que “la coherencia y coordinación en la actuación del Estado y de complementariedad con el sector privado” es esencial con objeto de “seleccionar las medidas de mayor impacto”.
A partir de aquí, sin embargo, las líneas directrices y las prioridades no siempre coinciden, quebrando así ese punto común de “coherencia y coordinación” al que hacen alusión, como sucede, por ejemplo, en el Plan de Acción (2019-2020), cuya primera línea directriz, de trasfondo ideológico, es “promover una política comercial progresista e inclusiva”, cuya incidencia directa, por muy respetable que sea, sobre la internacionalización propiamente dicha, es difícil calibrar.
Y lo mismo sucede con las prioridades, pues el Plan de Acción incluye entre ellas a los destinos PASE (Brasil, Canadá, China. Corea, Estados Unidos, India, Japón, Marruecos, México Rusia, Sudáfrica y Turquía), mas no incluye a ninguno del Sudeste Asiático, cosa que sí hace en cambio la Estrategia de Acción Exterior (Filipinas, Indonesia y Vietnam), tras reconocer a esta zona como uno de los centros de gravedad de la economía mundial.
Entre las medidas, hay una, reiteradamente reivindicada por las empresas, como es la modernización y mejora de los instrumentos de apoyo financiero oficial, en particular la de los fondos FIEM, cuya solicitudes, tramitaciones y respuestas están sujetas a procedimientos largos y farragosos que exigen, como reconoce el propio Plan de Acción, una redefinición del Manual del Procedimiento del FIEM, con el fin de facilitar, y no penalizar, el acceso al crédito por parte de las empresas. Otra medida a potenciar, tan importante como la anterior, es el apoyo a la participación de empresas españolas en concursos y licitaciones internacionales, no sólo mediante una mayor difusión de estos, cosa que el ICEX viene haciendo de reforma regular a través del programa Oportunidades de Negocio, sino también mediante la “incorporación de una dimensión empresarial en todos los viajes de Estado”, que no son, en especial en el Sudeste Asiático, todo lo frecuentes que deberían ser.
Y ello, claro, sin pasar por alto la necesidad de que nuestras empresas sean conscientes, en este ámbito tal vez más que en otros, de que es conveniente –imprescindible a veces– de que cuenten con un socio local, un socio sin cuya participación en el concurso o licitación de turno –que a pesar de todo no siempre es garantía de éxito– puede verse seriamente comprometida.
Por último, hay otra medida a considerar, en este breve análisis, más voluntarista que realista, y es la relativa a la captación activa de proyectos de inversión extranjera, posicionando a nuestro país como plataforma de inversiones ante entidades financieras y fondos. Y digo que es más voluntarista que realista porque, a la hora de llevar a cabo esta captación, no es suficiente con destacar los acuerdos de doble imposición o de protección recíproca de inversiones suscritos por España, sino que es preciso hacer ver que contamos con un marco regulatorio abierto y flexible, con un régimen fiscal favorable y con un sistema de incentivos lo suficientemente atractivo como para no hacer dudar al inversor extranjero en el momento de tomar una decisión al respecto.
A título de ejemplo baste recordar que el programa Golden Visa fue, en este sentido, un fracaso, por sus escasas facilidades, sobre todo si se las compara con las dadas en Portugal, en donde, comparativamente, sí fue un éxito total. No sé si las reformas a las que podremos vernos obligados para obtener las ayudas y préstamos comunitarios recientemente acordados incidirán al final en este campo, pero si la recuperación o superación de la crisis pasa por contar también con mayor inversión extranjera, lo deseable sería que el marco, régimen y sistema a los que me acabo de referir sufrieran cambios importantes, ya que, de no ser así, esta medida difícilmente podrá responder a las expectativas planteadas.