Montero igual a Montoro
MONTORO, el que fuera ministro de Hacienda en los gobiernos de Rajoy, introdujo la denominada “regla del gasto” en una ley de 2012, en plena recesión de la recesión, buscando el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria en las Administraciones Públicas. ¿En todas? No. La administración del Estado engorda el déficit público desde 2008. El que impone la regla es el primero en incumplirla.
En un principio parecía recordar a las provisiones anticíclicas diseñadas por el Banco de España en los tiempos de Luis Ángel Rojo, para que los bancos hicieran caja para los ciclos recesivos. Tal es así que las administraciones locales atesoran en los bancos del orden de 15.000 millones de euros en liquidez que no pueden utilizar y que contribuyeron a que el déficit del conjunto de administraciones se contuviese.
Ahora bien, al contrario de lo preconizado por Keynes, impide que las administraciones mejor gestionadas, con sus cuentas saneadas y con disponibilidades de liquidez, puedan superar el gasto del año anterior por encima de la tasa media de crecimiento del PIB. Absurdo. Su consecuencia es limitar seriamente la autonomía de los ayuntamientos y su capacidad de crecimiento y no discrimina a los buenos de los malos gestores, penalizado a los primeros. Tabla rasa para todos. Tal es el efecto de la regla del gasto que he verificado el caso de un municipio con siete millones de euros de presupuesto y que tenía depósitos bancarios por un saldo superior a siete millones y medio.
Alguien podría pensar que con el cambio de Gobierno esta norma podría ser derogada o, al menos, racionalizada. Pues no. Lo que puede pasar, si el Congreso de los Diputados no lo impide, es la consumación de una incautación de facto por el Estado de los ahorros de las corporaciones locales. Esta medida fue aprobada por los dos partidos del Gobierno con el visto bueno de la FEMP y desprende un aroma jacobino pues no son las comunidades autónomas las que gestionan el excedente, sino que es el Estado quien lo ingresa y dice devolverlo a un plazo de quince años.
Lo que es la vida. Montoro diseña un plan para afrontar la recesión, pero con derivadas inaceptables, y Montero y sus socios se aprovechan en una coyuntura en la que las administraciones más próximas a los ciudadanos deberían poder disponer de sus ahorros para aplicarlos a cubrir las necesidades básicas de los más afectados por la crisis. En definitiva, unos ocho años de acumular excedentes para, al contrario de lo que pasó en la banca con la crisis de 2008, ser otro el beneficiado del esfuerzo de los contribuyentes que sufragaron en exceso el gasto municipal.