¡Para indultos estamos!

EL domingo se manifestaron en la Plaza de Colón de Madrid miles de personas (125.000 según la policía), convocados por el movimiento cívico Unión 78. Pero, ¿quiénes eran esos ciudadanos? ¿Nostálgicos franquistas? ¿Temibles huestes ultraderechistas enemigas de la concordia y el diálogo, instalados en la revancha y la venganza permanente contra los independentistas catalanes? Nada más lejos de la realidad: sólo personas con sentido común, que quieren a su país y que están en contra de los indultos anunciados por Pedro Sánchez.

En cualquier caso y aunque parezca innecesario, hay que recordar que expresar la opinión en la calle es un derecho de todos y no un patrimonio de la izquierda, que parece respetar sólo sus movilizaciones y despreciar las ajenas. Desde el momento de su convocatoria, esta manifestación fue repudiada, criminalizada y tachada de expresión de la España intolerante contraria al diálogo y a la convivencia y partidaria de la revancha.

El presidente quiere que comulguemos con ruedas de molinos y hacer pasar la concesión de estos indultos como lo normal y el rechazo a su arbitrariedad como lo anormal. El recurso dialéctico que usa, equiparando justicia con venganza, es un desatino. La justicia no se perdona ni se concede, se aplica cumpliendo un deber. El Gobierno quiere indultar a personas no arrepentidas, dispuestas a reincidir, como ha revelado el documento incautado por la Guardia Civil a ERC y ocultado por el Ministerio del Interior a los españoles.

El Gobierno se ha enfrascado en un tacticismo que como mínimo puede tildarse de temerario. Vivimos, como decía hace un siglo, Pío Baroja, en “ese instante en el que las mentiras, con apariencia de verdad, caen a veces sobre un país y lo aplastan”.

Tanto el Ministerio Fiscal como el Tribunal Supremo son refractarios a los indultos y coinciden en que se trata de una solución inaceptable, que no desactivará el independentismo, no mejorará la dañada convivencia y puede sentar precedentes para otras ansias secesionistas.

Sánchez plantea la medida de gracia sólo para no perder el apoyo de sus socios independentistas y verse obligado a disolver las Cámaras. Pero presidente, no todo puede supeditarse al interés político partidista, y menos aún al interés político coyuntural de mantener una escuálida mayoría de gobierno.

En un Estado de Derecho, la responsabilidad penal se exige de manera individual y no colectivamente y, por tanto, el derecho al indulto es igualmente individual. De ahí que, si el Gobierno concede la medida de gracia como una pretendida solución general a un problema político, estaría deslizándose temerariamente por la pendiente de la arbitrariedad. Desafortunadamente parece que una vez más la izquierda disfruta encendiendo mechas sin pensar que todos podríamos acabar quemándonos.