Priorizar

LA política es la actividad propia de quienes gobiernan, o aspiran a gobernar, los asuntos que afectan a un país. Gobernar implica priorizar la gestión de lo más urgente para la sociedad en un momento determinado, en función de la importancia que cada asunto a y del número de personas a las que afecta.

Es evidente que hoy, una prioridad básica para cuarenta y siete millones de españoles, es disponer de unos presupuestos generales del Estado, que permitan afrontar la grave crisis económica que padecemos. En ello debería centrar su atención el Gobierno; sin embargo, se limitan a pedir la colaboración de todos los partidos, como quien pide un acto de fe, sin mostrar datos, prioridades o grandes líneas de actuación, que permitan a formar opinión y expresar adhesión, rechazo o propuesta de cambios. Unos dicen amén, porque aspiran a obtener contrapartidas –más recursos, acercamiento de los presos, reanudación de la negociación de la mesa de la independencia–; otros dicen no, sin recabar información previa.

Obviamente hay otros asuntos de enorme trascendencia que se dejan de lado, tales como la coordinación ante la crisis sanitaria y el comienzo del curso escolar; la semi parálisis de la administración pública que dificulta la gestión de ayudas y ERTES, entre otros asuntos; la tramitación de concursos de acreedores, por citar sólo algunos de los ejemplos que afectan a la inmensa mayoría de los españoles; necesidad de armonizar el régimen autonómico; la reforma de la ley electoral, para evitar la dañina dependencia de los partidos independentistas.

Entre tanto, el Gobierno dedica gran parte de su tiempo a asuntos que no constituyen la máxima preocupación de los españoles: eutanasia; memoria democrática y su urgente incorporación al currículo escolar; modificación del delito de sedición en el Código Penal para poder poner en la calle a los políticos catalanes condenados por el Tribunal Supremo; convertir el Valle de los Caídos en un cementerio civil; reducción de la edad para votar a los 16 años; despenalización del delito de injurias a la Corona y de los ultrajes a España; posibilidad de supresión del delito de enaltecimiento del terrorismo o conciliarlo con la libertad de expresión,...

A ello hay que añadir la campaña contra el Rey promovida desde el Gobierno por uno de sus vicepresidentes, coreada por los independentistas catalanes y con el silencio cómplice del Presidente del Gobierno.

La política de este ¿Gobierno? carece de eficacia, realismo y sentido de la oportunidad.