Campo da por hecho un acuerdo sobre el CGPJ que el PP niega

Gamarra asegura que los socialistas conocen sus condiciones, pero no están dispuestos a asumirlas
CGPJ
Mario Álvarez
Juan Carlos Campo, ministro de Justicia. Foto: Chema Moya/Efe

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, dio ayer por cerrado un acuerdo con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial, a falta de que este pacto se “exteriorice” y se haga público.

Campo, que participó en un desayuno informativo organizado por Europa Press, destacó que “solo falta hacer público” el acuerdo de renovación y que, aunque desconoce el mecanismo para hacerlo, a él no le importaría que fuera con un rueda de prensa o de cualquier otro modo que eligiese el PP, según informa la Agencia Efe.

“Es poco lo que nos separa y mucho lo que nos une”, añadió el titular de Justicia, tras subrayar cuestiones que incluyen el mecanismo de la renovación del órgano de gobierno de los jueces como dotar de mayor peso a la carrera judicial en la designación de vocales o la obligatoriedad de que un juez del Supremo no sea designado con menos de trece votos del consejo.

A juicio del ministro, no es legítimo vetar a nadie como vocal. “No hay nadie que tenga el carné de autenticidad”, consideró al respecto.

Campo dijo que la propuesta del Gobierno de modificación en el sistema de elección está congelada y no retirada como solicita el PP, al que sugirió que “no tiene sentido engancharse a clavos ardiendo”.

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, negó un acuerdo con el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial, y afirmó que “no es verdad lo que ha dicho el ministro de Justicia”.

Gamarra contestó así desde el Congreso de los Diputados al titular de Justicia.

Tras la Junta de Portavoces, apuntó que el PSOE conoce sus “condiciones” para renovar el poder judicial y está “a tiempo de cumplirlas”, pero “parece que no está de acuerdo”. Los populares exigen dejar fuera de la negociación a Unidas Podemos y avanzar en la independencia de jueces y fiscales.

Además, Gamarra censuró que no haya sido paralizada la reforma promovida por el los socialistas y la formación morada para rebajar la mayoría de tres quintos que actualmente es necesaria para renovar el órgano de gobierno de los jueces.

Ayer mismo el portavoz adjunto del grupo socialista del Congreso, Rafael Simancas, explicó que su partido mantiene congelada la reforma, sin un plazo fijado por ahora para reactivarla, a la espera de que el PP quiera negociar la renovación del CGPJ.

Sin embargo, para Gamarra “retirar una reforma es retirar una reforma”, y lauguró que la tramitación continuará gracias al silencio administrativo del Gobierno, que tenía desde plazo hasta ayer para informar al respecto. “El rey de la mentira en este país es el presidente Sánchez”, aseveró.

El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, replicó al PP que si no está dispuesto a que su formación esté representada en el CGPJ, “no quedará más remedio que cambiar la ley” y apostar por elegir el órgano judicial por mayoría de tres quintos.

“Lo que no podrá pretender el PP es que no se vaya a renovar la cúpula del CGPJ porque nosotros les parezcamos unos terribles bolcheviques”, aseguró en una entrevista en La Sexta, tras insistir Casado en que Podemos quede fuera de la mesa de negociación y retire la reforma del poder judicial.

Una propuesta que el PSOE apuesta por mantener congelada a la espera del diálogo con el PP y que el vicepresidente Iglesias considera que es “lo más sensato”.

“No se puede consentir que uno, dos, tres, cuatro años tengamos bloqueado el Gobierno de los jueces”, dijo.

El portavoz de Vox, Jorge Buxadé, apuntó ayer que sería una “muy mala noticia” para España si hubiera un acuerdo entre el Gobierno y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial al desoír “el grito del pueblo español” de que los miembros de este órgano los deben elegir los jueces.

En una rueda de prensa en la sede nacional de Vox en Madrid, advirtió de que ese posible trato entre ambas formaciones políticas supondría “acabar” con la independencia judicial y “un expreso sometimiento de la voluntad de la soberanía nacional”.