El bloque progresista impone su ley en el TC y hace presidente a Conde-Pumpido

La nueva mayoría progresista ya impone su ley en el Tribunal Constitucional. Así, el veterano magistrado gallego Cándido Conde-Pumpido fue elegido ayer nuevo presidente, tras obtener seis de los once votos que estaban en juego durante el Pleno celebrado en la corte de garantías. Inmaculada Montalbán, por su parte, se alzó con la Vicepresidencia, por lo que el ala conservadora, minoritaria, se queda sin representación institucional rompiéndose la dinámica de los últimos años.

Tras conocer la noticia, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se congratuló por la renovación del Tribunal y consideró “una buena noticia” que “la democracia funcione y las instituciones se renueven con total normalidad democrática e institucional”. El PP, por contra, lamentó que la vicepresidencia haya recaído en un miembro del mismo sector que el del presidente del órgano de garantías.

Finalmente, Conde-Pumpido ganó el pulso a María Luisa Balaguer, también progresista, que se postulaba como candidata de consenso con el bloque conservador. Él obtuvo el respaldo unánime de los otros cinco magistrados del sector progresista, incluido el de María Luisa Segoviano, cuyo voto era la gran incógnita, mientras que ella sumó el suyo y el de los cuatro conservadores.

De esta forma, el bloque progresista cierra la fractura generada un día antes, cuando sus siete magistrados celebraron una reunión interna con la intención de que el grupo acudiera al Pleno con un solo candidato, algo que no fue posible por la persistencia de ambos en someter su propuesta al conjunto del tribunal.

Según informa el TC, el Pleno también eligió con los mismos números (6 a 5) a Montalbán como nueva vicepresidenta del tribunal, rompiendo la norma no escrita que se había aplicado durante los últimos, según la cual la Presidencia correspondía al sector mayoritario y la Vicepresidencia, al minoritario. De hecho, el bloque conservador había postulado a Ricardo Enríquez, el magistrado de mayor antigüedad y edad, que logró cinco votos.

Pumpido y Montalbán sustituirán a Pedro González-Trevijano y Juan Antonio Xiol, respectivamente, que abandonaron sus cargos el pasado lunes, junto a Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares, con la renovación parcial del TC, que estaba pendiente desde el pasado 12 de junio. La entrada de los cuatro nuevos magistrados provocó un vuelco de la antigua mayoría conservadora –de 6 magistrados frente a 5– a una holgada progresista –de 7 contra 4–.

De los cuatro nuevos magistrados, el ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez, propuestos por el Gobierno, reemplazaron a González-Trevijano y Narváez, nombrados en su día por el Ejecutivo Rajoy. María Luisa Segoviano, expresidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, y César Tolosa, hasta ahora presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS, propuestos por el Consejo General del Poder Judicial, dieron el relevo a Xiol y Martínez-Vares, postulados también por el CGPJ.

Tras asumir el cargo, Conde-Pumpido dirigió unas palabras al Pleno asegurando, según fuentes jurídicas, que la “Constitución no permite ni la secesión ni la independencia ni la autodeterminación” y que el principio de la unidad de España es inequívoco.

objetivo: poner al día el tribunal. Las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press apuntan que el nuevo TC ve necesario hacer una puesta a punto con la intención de liquidar en los próximos meses la larga lista de asuntos pendientes, que atribuyen a la consolidada costumbre del Constitucional de no resolver temas polémicos en el fragor del debate político. La idea, indican, es empezar por dar respuesta a los más antiguos, entre ellos el recurso del PP contra la ley del aborto del Gobierno de Zapatero.

En la mira del Constitucional están igualmente los dos recursos de amparo presentados por la defensa del que fuera diputado de Podemos Alberto Rodríguez contra la sentencia del TS y contra la pérdida del escaño. La Fiscalía se mostró a favor de concederle el amparo por esto último, pero no por la condena.

También siguen en el tintero los recursos de Vox y PP contra las dos reformas operadas en los últimos años sobre la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). La primera, de marzo de 2021, prohibió a un CGPJ caducado –como el actual– hacer nombramientos discrecionales en los altos tribunales, mientras que la segunda, del pasado julio, devolvió al Consejo su poder para designar a sus dos candidatos al TC.

La primera reforma fue impugnada por Vox y por el PP. Ambos recursos fueron admitidos pero el fallo sigue pendiente. En la misma situación se encuentra el recurso ‘popular’ contra la segunda modificación. Algunas voces habían urgido al TC a resolver estas impugnaciones para despejar dudas en el contexto de la crisis generada en torno al CGPJ, si bien fuentes del tribunal pusieron de relieve la necesidad de mantenerlo al margen del ruido político.

Además, el TC aún debe resolver el fondo de los recursos de PP y Vox contra la forma en que se tramitó en el Congreso y en el Senado la reforma para desbloquear la renovación del propio Constitucional, que finalmente tuvo lugar el pasado lunes. No obstante, al ser de las impugnaciones recientes, se encuentra a la cola de la lista de prioridades, de acuerdo con dichas fuentes.

EL 25%, EUTANASIA Y ‘LEY CELÁA’. El Constitucional tiene igualmente sobre la mesa los recursos de PP y Ciudadanos contra la ley catalana que sortea la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que reafirma la obligación de que al menos el 25% de las clases en Cataluña sean en castellano. Entre los asuntos que aguardan respuesta, destacan asimismo los recursos admitidos de Vox y PP contra la nueva ley educativa, también conocida como Ley Celaá. El entonces líder del PP, Pablo Casado, calificó la norma como “un atentado contra la libertad” y contra la calidad y unidad del sistema educativo.

Tampoco se resolvió la impugnación de Vox contra la Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia. Los de Santiago Abascal reprochan que se incluya la obligatoriedad de que todos los menores reciban “educación afectivo sexual”, una medida que –dicen– “incorpora normativamente una ideología estatal en la que forzosamente se pretende adoctrinar a los alumnos”. En el plano social, la corte de garantías admitió también los recursos de PP y Vox contra la ley que regula la eutanasia, que permite practicarla a pacientes que lo soliciten y que tengan un “padecimiento grave, crónico e imposibilitante o una enfermedad grave e incurable, causantes de un sufrimiento intolerable”.

LA VOTACIÓN DE LA REFORMA LABORAL. Otros recursos a la espera de fallo en el TC son los presentados por Vox, PP y Alberto Casero contra la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, por la votación del 3 de febrero de 2022 de la reforma laboral, que salió adelante por 175 votos a favor frente a 174 en contra, siendo clave el emitido telemáticamente por el diputado ‘popular’, que se sumó por error suyo a los síes.

El TC también admitió pero no resolvió las impugnaciones del Gobierno madrileño de Isabel Díaz-Ayuso y Vox contra el decreto de ahorro energético aprobado el pasado agosto, que limita la temperatura de calefacción y refrigeración a 19 y 27 grados centígrados, respectivamente, en inmuebles de administraciones públicas, establecimientos comerciales, espacios culturales o transportes.