El juez no embarga a Medina porque no tiene ni 250 euros pese al millón en comisiones

El juez Adolfo Carretero no ha podido por ahora proceder al embargo de las cuentas bancarias de Luis Medina al no contar con más de 250 euros en el marco de la investigación por una presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la compra de mascarillas para la ciudad, según confirmaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Por ello, el instructor ha dado traslado al fiscal y a los abogados personados en el procedimiento para que propongan otras medidas.

Al parecer, Medina no cuenta con los bonos de inversión que compró con parte del millón de euros que cobró en comisiones por participar en una operación de compraventa de mascarillas. En concreto, compró cada bono por 200.000 euros, según consta en la querella de la Fiscalía Anticorrupción.

La pasada semana, el magistrado acordó el embargo de forma preventiva de los bienes de Luis Medina y Alberto Luceño.

Esta medida se lleva a cabo para garantizar que una futura sentencia condenatoria se cumpla; es decir, sirve como una medida cautelar para que las autoridades se aseguren de que la deuda pendiente se podrá terminar saldando adecuadamente.

Entre los bienes de Medina figura un yate modelo Eagle 44, llamado Feria y por el que pagó 325.515 euros del millón de euros que cobró por una de las operaciones. Según ha comentado el propio Medina, el yate estaría confiscado.

Su socio destinó el dinero de las mordidas a vehículos de alta gama, Rolex y una vivienda de lujo en Pozuelo con tres plazas de garaje.

La querella presentada recientemente por el Ministerio Público atribuye a los supuestos comisionistas la comisión de los delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales por irregularidades en una operación de compra-venta de material sanitario en 2020.

Según la querella, Alberto Luceño y Luis Medina “actuando de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico, ofrecieron al Ayuntamiento de Madrid la posibilidad de adquirir grandes remesas de material sanitario fabricado en China”.

Luis Medina fue la persona que contactó con el consistorio, aprovechando su condición de personaje público y “su amistad con un familiar del alcalde de Madrid”, un extremo que niega la Alcaldía.

Al parecer, se le habría facilitado el nombre de la coordinadora general de Presupuestos y Recursos Humanos del Área de Gobierno de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Madrid, como persona a la que se debía dirigir para concretar los términos de las operaciones.

Según la querella, esta persona era consejera de la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid. Desde ese momento, las negociaciones se llevaron a cabo entre esta persona y Alberto Luceño, quien se presentó como “experto en importación de productos procedentes del mercado asiático, con fábricas en China a su disposición, y como agente exclusivo de la empresa malaya EEE, a través de la cual se iba a realizar la importación”.