Interinos que lleven en la plaza más de diez años no opositarán
El Congreso convalidó el decreto ley de medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público gracias al acuerdo de última hora entre el Ministerio de Hacienda y ERC, que dará una mayor prioridad en el acceso a las plazas fijas a los interinos que ya ocupan esos puestos estructurales.
Los cambios se introducirán durante la tramitación de la norma como proyecto de ley, un proceso que debería concluir a finales de octubre para avanzar en el proceso de estabilización y dar certidumbre a los afectados, según dijo en su intervención la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero.
En virtud del acuerdo, los interinos de las administraciones públicas que lleven más de diez años ocupando una plaza estructural que nunca haya sido convocada podrán adjudicarse la misma sin necesidad de pasar una oposición, sino únicamente por una valoración de méritos.
Montero explicó que se les aplicará la excepcionalidad prevista en el artículo 61.6 del Estatuto Básico del Empleado Público, que permite la selección de funcionarios de carrera únicamente con un concurso de valoración de méritos, informa Efe.
La norma también dará potestad a las comunidades autónomas para decidir si el examen para las plazas de estabilización que convoquen es o no eliminatorio.
El decreto ley ya preveía que la valoración de la experiencia en el puesto pesara un 40 % en el proceso de selección, pero ahora se añade la posibilidad de que la prueba no sea eliminatoria si así lo deciden las comunidades autónomas en sus convocatorias.
El decreto ley contempla que las plazas, unas 300.000 estructurales, deberán estar adjudicadas antes del 31 de diciembre de 2024 como fecha límite improrrogable.
También establece que los interinos o el personal laboral temporal que no logre una plaza tendrá derecho a una compensación económica de 20 días por año trabajado, hasta 12 mensualidades, y que podrá ser incluidos en bolsas de empleo específicas.
Asimismo, fija que el incumplimiento máximo de permanencia de tres años como interino dará lugar a una compensación económica de 20 días, hasta un máximo de doce mensualidades.
una votación ajustada. Aunque la votación del decreto fue ajustada, con un solo voto de diferencia entre el sí y el no, la decisión de los republicanos catalanes de votar a favor permitió sacar adelante una norma que generó mucha oposición entre algunos socios de Gobierno.
Entre ellos Bildu, que votó en contra (igual que JxCat, PdeCat, Ciudadanos, Vox y PP) porque no se escuchó ni a los sindicatos vascos ni a los grupos parlamentarios.
La negociación in extremis sirvió también para que el PNV se abstenga, mientras que Ciudadanos votó en contra de una norma que considera un parche.
La diputada de ERC Pilar Vallugera explicó que quienes sufrieron el fraude laboral no pueden tener los mismos derechos que quienes acceden de nuevas a la función pública.
El PP criticó el decreto por “abusivo” y se preguntó “quién va a pagar” las indemnizaciones a los interinos que se queden sin trabajo, a tiempo que recordó que el PP llevó a la Cámara Baja sus procesos de estabilización en la ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017 y de 2018.