La Eurocámara suspende la inmunidad de Puigdemont para que pueda ser juzgado en España

También ha dado luz verde a levantar la inmunidad de los otros dos eurodiputados de JxCAT, los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí
Tribunales
Redacción ECG
El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí en el Parlamento Europeo. Foro: Europa Press

El pleno del Parlamento europeo ha aprobado aceptar el suplicatorio remitido por el Tribunal Supremo por el que se suspenderá la inmunidad parlamentaria del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont para que pueda ser juzgado en España por su papel en el Procés.

También ha dado luz verde a levantar la inmunidad de los otros dos eurodiputados de JxCAT, los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí, al concluir en los tres casos que los hechos imputados son anteriores a que ocuparan su escaño y no guardan relación alguna con su actividad en la Eurocámara.

Esta decisión no implica una extradición automática sino que reactivará los procesos abiertos en un tribunal de Bélgica, en el caso de Puigdemont y Comín, y de Reino Unido, en el de Ponsatí, que examinan las euroórdenes que dictó contra ellos el juez Pablo Llarena.

El pleno considera que los hechos imputados son anteriores a que los tres políticos independentistas ocuparan su escaño y no guardan relación alguna con su actividad en la Eurocámara.

En el caso de Puigdemont, la posición de la Eurocámara ha sido aprobado con una mayoría de 400 votos a favor, 248 en contra y 45 abstenciones, según ha anunciado una de las vicepresidentas de la Eurocámara, la ecologista finlandesa Heidi Hautala, al inicio de la sesión plenaria de este martes.

En el caso de sus exconsellers, el resultado varía ligeramente y sus suplicatorios han sido aprobados con 404 votos a favor, 247 en contra y 42 abstenciones.

Esta decisión, sin embargo, no implica una extradición automática sino que servirá para reactivar los procesos abiertos en un tribunal de Bélgica, en el caso de Puigdemont y Comín, y de Reino Unido, en el de Ponsatí, que examinan las euroórdenes que dictó contra ellos el juez Pablo Llarena.

La posición de la Eurocámara se ha decidido por votación secreta pero la mayoría de grupos adelantaron el sentido de su voto en los días previos, lo que permite contar con que la mayoría de los votos en contra corresponden a miembros de los grupos de Los Verdes-ALE (ERC, Catalunya en Comú) y de GUE (Unidas Podemos, EH Bildu).

Las delegaciones del PP, PSOE, Cs y Vox, por su parte, indicaron que apoyarían con su voto los suplicatorios remitidos por el Supremo y apuntaron con que en sus respectivos grupos había amplios consensos para votar en la misma línea.

Los eurodiputados han aprobado en la misma sesión de voto otros dos informes para alzar la inmunidad de dos de sus miembros investigados las autoridades de sus Estados miembros, son los casos del liberal croata Valter Flego (658 a favor, 26 en contra y 13 abstenciones) y del ‘popular’ portugués Nuno Melo (662 a favor, 21 en contra y 14 abstenciones).

MAGISTRADO DEL SUPREMO. El magistrado del Supremo Pablo LLarena ha planteado una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acerca de la euroorden, tras la cual decidirá si mantiene, retira o emite una nueva contra el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

Horas después de saber que el Parlamento Europeo ha retirado la inmunidad a Puigdemont, el instructor del procés ha dictado un auto en el que pide al TJUE que se pronuncie sobre el alcance de las posibilidades de emisión de una euroorden, así como por las razones para su denegación.

Llarena acude a la Justicia europea una vez que las autoridades judiciales belgas denegaron la entrega del exconseller Lluis Puig, porque entienden que el órgano competente para instruir la causa no es el Supremo sino un tribunal catalán y porque su entrega pondría en peligro derechos fundamentales como la presunción de inocencia.

Un escenario que, de no consultar previamente al tribunal europeo, podría plantearse de nuevo con el expresident catalán en Bélgica, de ahí se explica el paso dado por Llarena ante Europa.

Con la respuesta del TJUE el magistrado decidirá si mantiene, retira o emite nuevas euroórdenes respecto a Puigdemont, los exconsellers Puig, Antoni Comín y Clara Ponsatí y la secretaria general de ERC Marta Rovira, procesados en rebeldía por los delitos de sedición, malversación de caudales públicos o desobediencia.

RECURRIRÁN LA DECISIÓN. Una vez conocido el resultado de la votación, el presidente de la institución, Davi Sassoli, debe comunicar formalmente la decisión a los afectados y también a las autoridades competentes del Estado miembro, en este caso el Tribunal Supremo, a las que pedirá además que se le informe sobre cualquier hecho nuevo que se produzca o sobre cualquier resolución judicial que se dicte en el correspondiente proceso.

El Supremo remitió formalmente los tres suplicatorios al Parlamento europeo en enero de 2020 pero la parálisis forzada por la pandemia de coronavirus bloqueó su tramitación hasta el pasado noviembre, cuando se reactivaron con el aval de los servicios legales de la Eurocámara para celebrar las sesiones confidenciales sobre casos de inmunidad por vía telemática.

En su defensa, los tres eurodiputados de JxCAT han argumentado que el Tribunal Supremo no es la autoridad judicial competente para juzgarles y además denuncian persecución política en España. Con los mismos argumentos, Puigdemont, Comín y Ponsatí dijeron días atrás que si el pleno accedía a levantar sus inmunidades recurrirían la decisión ante la Justicia europea.

Los informes adoptados recogen la posición de la comisión de Asuntos Jurídicos, que sí considera al Supremo autoridad competente y cree que deben aceptarse los suplicatorios porque en los tres casos se refiere a hechos ocurridos antes de que los reclamados ocuparan sus escaños como eurodiputados.

En el caso de Ponsatí, el texto sometido al voto del pleno incluye una corrección porque el documento original adoptado en comisión parlamentaria indicaba por error que la eurodiputada era reclamada por presuntos delitos de sedición y de malversación de fondos públicos, cuando el Supremo solo le imputa el de sedición.

EUROPAPRESS